La Ciudad y el Crimen / La Ley de Injusticia Cívica

AutorRafael Ruiz Harrell

Apenas a un mes y medio de que entró en vigor la llamada Ley de "Cultura" Cívica del DF, resulta evidente que su función es alentar y solapar la arbitrariedad y la corrupción de la policía preventiva. En lugar de promover el entendimiento, el orden y el respeto en la vida pública, ha servido para que los agentes de la SSP hostilicen a los miembros más pobres e indefensos de la sociedad, y usen la ley como un instrumento de chantaje y de cohecho.

La ley, creada a la medida de los caprichos y necedades del jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard, fue publicada en la Gaceta Oficial del DF el pasado 31 de mayo, pero no entró en vigor sino sesenta días después. Desde el 1 de agosto, los policías preventivos tienen facultades que exceden de las que les concede la Constitución y gozan de una discrecionalidad abrumadora. De entonces a la fecha los jenízaros de Ebrard han instaurado el terror entre las mujeres, los niños y los pobres que trabajan la calle o viven en ella.

La nueva Ley es obviamente injusta: pasa por alto obligaciones internacionales contraídas por nuestro país; contiene ambigüedades que favorecen la arbitrariedad y, sin decir una palabra, altera por completo el régimen de menores, pone a los niños de 12 años en adelante bajo el control policíaco y los somete a las mismas sanciones que a los adultos.

Que la Asamblea Legislativa haya promulgado semejante aberración, no sólo demuestra la ignorancia y falta de oficio de los diputados que la componen, sino la abyecta sumisión con la que atienden los deseos del Ejecutivo local.

Si la Ley de marras es atroz, su aplicación es peor todavía, ya que Ebrard y sus hombres la aplican de manera selectiva, olvidando lo difícil y lo que no les conviene, y dedicando sus empeños a lo que puede redituarles de inmediato o merecer el premio de sus jefes.

Intocables

La fracción IX del artículo 26, que define las infracciones contra el entorno urbano, sanciona el "colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier elemento propio de un establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente". Como es evidente se trata de facultar a la policía a que proceda contra el ambulantaje. Sólo que en el mes y medio que tiene en vigor la ley, no hay policía que haya movido una mano en su contra: los ambulantes, con permiso o sin él, son intocables.

Quizá lo sean por la misma razón que terminaron por serlo las prostitutas y los travestís. La fracción VI del artículo 24 considera entre las...

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