Clausuran periodo; dejan pendientes
Al concluir el último periodo ordinario de sesiones de la 58 Legislatura, los representantes de las distintas fracciones reconocen que quedaron en veremos reformas fundamentales
Fobaproa
Preparan acuerdo para auditar bancos
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados será la responsable de operar la realización de un acuerdo entre el IPAB y las instituciones bancarias para que puedan concretarse las auditorías a las carteras que tienen algún viso de irregularidad y que fueron absorbidas por el Fobaproa, lo que representa unos 45 mil millones de pesos que actualmente se pagan con recursos públicos.
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación acordó que se practiquen cinco tipos de auditorías a los bancos Bancomer, Banamex (Citibank), Banorte y Bital, para dar cumplimiento al Artículo 5 Transitorio de la Ley del IPAB que condiciona el reconocimiento de esta cartera como deuda del Fobaproa a la realización previa de auditorías para determinar si estos créditos eran o no irregulares.
De acuerdo con el documento se hará una auditoría de gestión fiduciaria, que abarcará las chequeras y la contabilidad relativa a la gestión de cobranza de esta cartera, para ubicar irregularidades.
También se hará una auditoría de legalidad que permitirá evaluar los papeles de trabajo de la revisión que llevó a cabo el canadiense Michael Mackey, para determinar qué créditos fueron ilegalmente traspasados al Fobaproa como parte del rescate bancario que llevó a cabo el Gobierno de Ernesto Zedillo.
Además, se hará una auditoría de identidad, es decir se identificará el nombre de personas o empresas que tuvieron un crédito en estos bancos y que de manera no apegada a la ley se incluyó en el Fobaproa.
Las dos auditorías restantes precisarán la existencia de los documentos mínimos que necesitan los bancos para exigir el pago de los créditos y que estos créditos hayan pertenecido al banco cuando se cedieron sus flujos.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Vigilancia estas auditorías no significan eximir a nadie de responsabilidad alguna ni salvar a los bancos que se han opuesto sistemáticamente a que se lleven a cabo estas auditorías.
Integrantes de la comisión confiaron que este tema ha sido cabildeado con las propias instituciones bancarias, quienes interpusieron un amparo que puede negárseles y con ello abrir la puerta a que se concreten estas revisiones.
El documento prevé que la Auditoría Superior de la Federación revise el proceso y la ejecución de este convenio entre el IPAB y los bancos para llevar a cabo las auditorías; también determina que la Secretaría de la Función Pública o Contraloría determine qué auditores llevarán a cabo los trabajos, impidiendo que quienes alguna vez han revisado estos temas puedan hacerlo de nuevo.
No obstante, el martes pasado, REFORMA informó que el Ejecutivo presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Auditoría Superior de la Federación, por considerar que el órgano fiscalizador invadió atribuciones del Ejecutivo federal al fijarle al IPAB lineamientos sobre operaciones del Fobaproa.
La demanda fue interpuesta el viernes pasado, y aunque la Corte admitió el trámite de la demanda, se negó a conceder una suspensión provisional que habría eximido al IPAB de cumplir los lineamientos de la ASF relacionados con la compra irregular de cartera a Banamex.
Por Jorge Arturo Hidalgo Y Claudia Salazar
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