Colaborador Invitado / Guillermo J. García Sánchez: ¿Derechos o privilegios?
| Autor | Colaborador Invitado |
Hoy en día, con el debate magisterial y el caos reinante en el Distrito Federal provocado por la CNTE, constantemente escuchamos en los medios un debate que se centra en "derechos". En términos generales la narrativa se plantea como un conflicto entre los derechos de los ciudadanos del DF a transitar por su ciudad y los derechos de los niños a recibir la educación, por un lado, contra los derechos laborales de los maestros a mantener ciertas prácticas sindicales y a manifestarse, por el otro. La narrativa se ha limitado a poner en una balanza "derechos" y forzar a la autoridad a imponer unos sobre otros. Lo anterior esconde un error conceptual envuelto en un discurso incendiante que impide que el problema se resuelva sin que alguno de los llamados "derechos" se vea afectado.
En México estamos llenos de privilegios que, en algún momento por razones políticas, empezaron a ser llamados "derechos". La diferencia no es trivial a la hora de tomar decisiones, puesto que el conflicto entre derechos no se resuelve igual que un conflicto entre privilegios. El jurista Wesley Newcomb Hohfeld nos invita a utilizar una metodología analítica para distinguir una cosa de la otra. Hohfeld afirma que los derechos tienen como correlación una obligación, mientras que los privilegios tienen como correlación un "no derecho" de alguien a reclamar una acción contra ese interés en particular. Ello implica que, aunque ambas categorías protegen intereses jurídicos, tienen una diferente jerarquía y grado de exigibilidad, y que al momento de enfrentarse no se les otorgue el mismo peso. Por ejemplo, el derecho de los niños a recibir educación sí está vinculado a una obligación del Estado de otorgar y asegurar una educación básica. Es un derecho universal, general e intrínseco a los ciudadanos mexicanos por el simple hecho de serlo. Sin embargo, los mal llamados "derechos" de ciertos grupos organizados, sean partidos, empresarios o sindicatos, a mantener opacidad en el manejo de recursos públicos, disfrutar de monopolios, o a no ser evaluados por la ciudadanía cuando realizan funciones públicas, caerían más bien en la categoría de "privilegios", que se traducen en el no derecho de los ciudadanos a afectar dichos intereses gremiales, a pesar de que para ello se utilicen recursos públicos y se afecte la vida -y los derechos- de los ciudadanos.
Un privilegio para proteger ciertos intereses puede ser válido si está conectado con fines legítimos del Estado...
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