Colaborador Invitado / David Pérez Esparza: Seguridad: entre la Ley y el Plan
| Autor | Colaborador Invitado |
Contra todos mis pronósticos, el pasado jueves 15 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Como usted recordará, esta polémica Ley originalmente propuesta en el 2017 por Peña Nieto -con el apoyo del PAN- formalizaba el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Para ello, al crear un marco legal, ampliaba sus facultades en dicha materia permitiéndoles intervenir en operaciones excepcionales si el Presidente o los gobiernos estatales considerasen que las fuerzas policiales son insuficientes. Esto es, la iniciativa de ley en materia de seguridad interior del 2017 hacía legal lo que en la práctica ya venía ocurriendo desde la época Fox-Calderón: permitir que los militares y marinos pudieran mantenerse en las calles, combatiendo abiertamente a los grupos criminales.
Desde su discusión a lo largo de todo el 2017, la entonces iniciativa de LSI fue ampliamente criticada, tanto en México como en el extranjero. Voces tan diversas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el influyente colectivo #SeguridadSinGuerra, Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones y expertos se unieron para exigir al Congreso mexicano que no aprobara dicha iniciativa. Para estas voces, la LSI implicaba tres cosas: 1) mantener una fallida estrategia basada en el uso (y abuso) de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; 2) incrementar el riesgo de violaciones impunes a los derechos humanos por parte de militares y marinos; y, sobre todo, 3) postergar indefinidamente la urgente reforma policial de naturaleza civil que México necesita.
De hecho, fue tal la presión nacional e internacional que, a escasos días de la Navidad 2017, cuando el propio Peña Nieto promulgó la Ley, él mismo se vio obligado a asegurar que no haría uso de las facultades previstas en ésta hasta que la Suprema Corte se pronunciara al respecto. Por ello, lo que ocurrió este jueves parecía histórico: la Suprema Corte corregía tanto a Peña Nieto, por proponer la LSI, como a la pasada Legislatura del Congreso mexicano por aprobarla.
Los argumentos contra la LSI hechos públicos por parte de la Corte parecen ser muy contundentes, al menos en tres ámbitos. En principio, su fallo sugiere que el Congreso de la Unión simplemente no tenía competencia para legislar en materia de seguridad interior, por lo que, independientemente de su contenido, la Ley no tendría validez. En un segundo sentido, la...
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