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Colaborador Invitado / Edison Lanza: Caso Aguayo y la libre expresión

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Vincent
AutorColaborador Invitado

Hay una frase ambigua y engañosa que repiten quienes tienen temor a rendir cuentas: tu derecho llega hasta donde llega el derecho de los demás. Un sofisma que no nos dice demasiado sobre los valores en juego en los conflictos de derechos, como el que se produce entre la libertad de expresión y el derecho al honor de una persona pública que es objeto de escrutinio en el desempeño de sus funciones.

En efecto, el periodismo trata de la posibilidad de informar y opinar sobre la fama, reputación, acciones y omisiones de quienes han pedido un voto de confianza a la ciudadanía, sin temor a sufrir represalias u hostigamiento. De allí deriva el principio de que funcionarios y personas públicas están sometidas a un escrutinio mayor que el ciudadano común, lo que incluye soportar la crítica -incluso injusta- y la obligación de rendir cuentas ante el pueblo.

Dicho de otra manera, el derecho a la libertad de expresión protege de manera más robusta las expresiones que cuestionan la reputación, el honor o la privacidad de personas o funcionarios, porque de ello depende el control democrático que ejerce la prensa. En el derecho internacional y en las democracias plenas la norma legal y los jueces aplican una ponderación que privilegia la libertad de expresión sobre la reputación, el honor o la privacidad, siempre que se trate de casos de interés público como la corrupción, el abuso de poder, violaciones a derechos fundamentales o temas que interesan a buena parte de la sociedad.

Obviamente, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y, en los entornos democráticos, existe consenso sobre cómo remediar posibles abusos: 1) el derecho penal es una respuesta desproporcionada a posibles abusos; 2) el derecho de respuesta y el derecho civil -en ese orden- son respuestas proporcionadas para proteger la reputación de funcionarios o funcionarias y personas públicas; 3) al aplicar una sanción civil, el operador de justicia debe guiarse por dos requisitos: el ofendido debe probar que existe una afirmación falsa que...

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