Colaborador Invitado / Luis Raúl González Pérez: Impunidad y Estado de Derecho

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Más allá de los comentarios que se han suscitado en los últimos días sobre los términos en que se desarrollan los procesos legislativos en México, nuestra atención debería centrarse en la forma como implementamos nuestras normas y el cumplimiento que damos a las mismas. La existencia de altos índices de impunidad es un indicador inequívoco de una institucionalidad y de un Estado de Derecho débiles, en donde los derechos humanos no son plenamente respetados ni vigentes. Para las víctimas, la impunidad representa la negación del acceso a la verdad y a la justicia, la ausencia o indiferencia del Estado frente a sus problemas, además de constituir un incentivo para que los abusos de poder se sigan perpetrando al constatarse que tales conductas, por graves que sean, no se investigan ni sancionan como sería procedente.

Es innegable que en los últimos años se han emitido diversas disposiciones sobre temas tan relevantes para el ámbito de los derechos humanos como la tortura, la desaparición de personas o para generar un sistema penal acusatorio que dejara atrás prácticas que atentaban en contra de la dignidad de las personas. Si bien sus contenidos son, en su mayoría, pertinentes, su emisión no ha producido los resultados esperados, en tanto no se han acabado de generar las condiciones para su implementación plena. En el caso del sistema de justicia penal, antes de dar oportunidad a que el mismo pudiera empezar a operar por completo, la necesidad de dar respuestas inmediatas frente a la violencia e inseguridad, provocó que en fechas recientes se realizara una reforma constitucional que contraviene el espíritu de la reforma previa al ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Tal vez la medida sea de utilidad política, pero en modo alguno corregirá los problemas de fondo ni acabará con la impunidad, además de generar el riesgo de que se cometan abusos en contra de personas inocentes.

Existe gran incredulidad y desconfianza entre la sociedad mexicana sobre la efectiva aplicación de la ley, así como respecto a la actuación...

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