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Colaborador Invitado / Miguel Ángel Mancera: Contra el huachicol

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Vincent
AutorColaborador Invitado

El combate al robo de combustibles (huachicoleo) ha sido planteado por el nuevo gobierno federal como indispensable para el saneamiento financiero de Pemex. Una de las vertientes de ese combate será sin duda en el terreno jurídico-penal.

En vinculación directa, el día 14 de marzo de 2019 se declaró la vigencia de una reforma a los artículos 22 y 73 de la Constitución de la República respecto de la extinción de dominio. Veamos cuál es su importancia.

La extinción de dominio es la acción del Estado que le permite, a través de un juicio civil, hacerse de la propiedad de bienes muebles o inmuebles que están vinculados o son producto de la comisión de hechos delictivos. Esta acción busca restar fuerza financiera a la delincuencia, quitarle sus ganancias.

La extinción de dominio comenzó a ser utilizada en nuestro país en 2008 y fue la Ciudad de México la que encabezó el mayor número de juicios y de sentencias favorables, más de 353 demandas y 102 sentencias firmes hasta el 2018. Con la extinción de dominio se quitaron a los delincuentes bienes por delitos de trata de personas, secuestro, robo de autos y en 2014, también por narcomenudeo.

En la otra cara de la moneda, la menor eficacia se encontró en la Federación; una ley distinta y demasiados bienes asegurados por medio de órdenes ministeriales buscando el decomiso en juicios penales fueron, entre otras, las causas que hicieron que únicamente alcanzaran una decena de sentencias.

Por lo anterior, me parece fundamental la reforma en comento, pues con ella se logra avanzar en lo siguiente: a) se amplió el catálogo de delitos que permiten la extinción de dominio, ahora se incluye encubrimiento, hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, b) se autoriza que además de asegurar los bienes, se puedan administrar, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios...

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