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Colaborador Invitado / Reducir la edad penal no es solución

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AutorColaborador Invitado

Susana Sottoli

Reducir la edad penal no es ni será la solución para tratar el delicado tema de adolescentes involucrados en cualquier tipo de delito.

La experiencia internacional indica que responder al problema de la participación de adolescentes o niños en la comisión de hechos delictivos a través de medidas como la reducción de la edad penal a fin de tratarles como adultos, o el endurecimiento indiscriminado de penas aplicables a los adolescentes, no es un camino efectivo ni mucho menos duradero para contrarrestar este fenómeno. Adicionalmente, este abordaje contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

La única vía posible para hacer frente a esta problemática es el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de justicia especializados para adolescentes y el fortalecimiento de políticas públicas y medidas de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, incluyendo mejores oportunidades de desarrollo físico, educativo, económico y social.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda persona menor de 18 años de edad que sea acusada por la comisión de un delito tiene derecho a ser juzgado dentro de un sistema de justicia penal especial, debido a que se encuentra aún en proceso de desarrollo y formación de la personalidad, lo cual requiere una protección especial e implica que no debe ser juzgada como adulto.

En este sentido, el Estado mexicano ha recogido esta disposición específica dentro de su propia Constitución Política a través de una importante reforma realizada en el año 2005, señalando la obligación, tanto de la Federación como de los estados de la República, de contar con un sistema de justicia especializado para adolescentes (mayores de 12 y menores de 18 años) acusados de haber cometido un delito. Así pues, el hecho de que los adolescentes no puedan ser juzgados como adultos no es sinónimo de impunidad, sino una garantía que en el marco de un Estado democrático de derecho, salvaguarda tanto los derechos de los adolescentes, como el interés de la sociedad.

Bajo este sistema especializado se conciben diversos tipos de sanciones para los adolescentes que cometen un...

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