Colaborador Invitado / ¿Qué hace la SFP contra el crimen?
| Autor | Colaborador Invitado |
Julián Gudiño Galindo
El autor es maestro en política criminal por la UNAM, asesor en políticas públicas y seguridad.
Al hablar del tema delictivo a nivel federal, tradicionalmente ubicamos sólo a la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República como responsables de su atención; sin embargo, existe ausencia de otras dependencias importantes en una adecuada construcción de política criminal, no sólo enfocada al plano reactivo contra el delito. Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En un adecuado sistema federal de rendición de cuentas, la SFP se debería constituir en el referente de información para la toma de decisiones del titular del Poder Ejecutivo federal y ventana de escrutinio público, rompiendo así con la vieja tradición de sólo ser la responsable de fiscalizar el gasto gubernamental. Su ausencia limita el correcto seguimiento, análisis, evaluación y transparencia de las instituciones responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Esta Secretaría es la única con funciones transversales en toda la administración pública federal, siendo responsable de la organización y coordinación del sistema de control y evaluación, del desarrollo administrativo y el fomento a la transparencia y la rendición de cuentas; además de ser la única a la que deben atender el resto de las dependencias y entidades, ya sea por evaluaciones, supervisiones, auditorías o generación de regulación en el desempeño de sus funciones. Incluso, tiene presencia directa a través de los órganos internos de control, esto significa que tiene acceso a información relevante de las demás secretarías, conoce las problemáticas, deficiencias, carencias, oportunidades y fortalezas de ellas, lo que la convierte en la dependencia con mayor información, que debe ser elemento primordial en la determinación de políticas públicas y el quehacer gubernamental.
La SFP, en su vinculación con la seguridad pública y la procuración de justicia penal, debe ser el precursor del impulso de la cultura de la legalidad, al garantizar que la normatividad que regula a las instituciones sea actual, suficiente, descriptiva, clara, mínima y plenamente orientada a cumplir el objeto de creación de la institución; además de fomentar en los servidores públicos el conocimiento del marco normativo que describe sus atribuciones y funciones, con lo que debe exigirse el cumplimiento de la ley.
La Secretaría debe garantizar además, la existencia...
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