CONTRACORRIENTE / Abismo político
| Autor | Farid Kahhat |
Aunque existen otras explicaciones plausibles, probablemente no sea casual que no exista un solo país con un sistema presidencial de Gobierno cuya deuda pública obtenga la calificación Triple A de las tres principales agencias calificadoras de riesgo. Consideremos por ejemplo, los principales riesgos que afrontará la economía estadounidense hacia inicios de 2013. De un lado está el denominado "Abismo Fiscal". El mismo consiste en que, de no producirse un acuerdo sobre el presupuesto entre el Presidente y la mayoría republicana en la cámara de representantes, a partir del primero de enero entrarán en vigencia de manera automática incrementos de impuestos y recortes de gasto público equivalentes a un 4.5 por ciento del producto (lo cual sumiría a la economía estadounidense en la recesión). De otro lado está el tema de si esa misma mayoría republicana autorizará en febrero la elevación del límite de la deuda del Gobierno federal.
¿Qué tienen que ver esos problemas con un sistema presidencial de Gobierno? Que bajo un sistema de Gobierno parlamentario es virtualmente imposible un conflicto prolongado entre los principales poderes del Estado, dado que en ese sistema es un Legislativo elegido por los votantes el que designa al Jefe de Gobierno. Cuando se produce un impasse entre ambos poderes, o bien el legislativo destituye al Jefe de Gobierno y nombra un remplazo, o bien el Jefe de Gobierno disuelve el legislativo y convoca a elecciones anticipadas.
En un sistema presidencial tanto el Ejecutivo como el Legislativo son elegidos por los votantes, y (salvo en circunstancias excepcionales), ejercen ese mandato por un período fijo de tiempo. En cuyo caso lo que podría resolver un conflicto entre ambos es el cálculo político: es decir, como creen los actores involucrados que su conducta política afectará sus perspectivas de reelección. Y ese cálculo parece sugerir que un acuerdo es probable, y que este sería cercano a los términos planteados por el Presidente Obama. El Ejecutivo y el Legislativo están de acuerdo en la necesidad de reducir el déficit fiscal, y en que ello debe basarse en la reducción del gasto público (aunque discrepan en las partidas de gasto que deberían priorizarse). Ambos están de acuerdo además en que debería incrementarse la recaudación fiscal reduciendo las exoneraciones tributarias. Pero discrepan sobre la conveniencia de que el incremento de la recaudación comprenda además una elevación en las tasas de impuestos que pagan los...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba