CONTRACORRIENTE / El cierre del Gobierno (y de las mentes)

AutorFarid Kahhat

La ciencia política contemporánea suele partir de ciertos supuestos al abordar su objeto de estudio. Un primer supuesto es que los actores políticos son racionales, entendiendo ese término en un sentido instrumental: es racional aquel actor que, dados ciertos fines, busca elegir los medios más eficaces a su disposición para alcanzarlos al menor costo posible. En el caso de los partidos, un segundo supuesto es que estos buscan, cuando menos, acceder al ejercicio del poder político y permanecer en él. Ese supuesto no niega la posibilidad de que los partidos busquen, además, conseguir otros fines (por ejemplo, la igualdad de oportunidades), pero sí implica que, para conseguir esos fines, deben primero acceder y permanecer en el ejercicio de cargos políticos.

Parecen supuestos de sentido común hasta que uno se topa con actores como el Partido Republicano en los Estados Unidos, porque bajo esos supuestos tendría ante sí un derrotero diáfanamente claro: mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y conseguir la mayoría en el Senado tras las elecciones de 2014, y preservar esos logros, además de obtener la presidencia, en las elecciones de 2016.

Para conseguir esos fines deberían evitar situaciones que afecten de manera adversa a la virtual totalidad del electorado y por las que, según todos los indicios, serían considerados los principales responsables. Es decir, deberían evitar situaciones como la que acaban de propiciar: el cierre parcial, por tiempo potencialmente indefinido, del Gobierno federal (según la agencia Moody's, si el cierre dura dos semanas costará a la economía un 0.3 por ciento en términos de crecimiento, y si se prolonga por un mes el costo sería de 1.4 por ciento).

Más aún si propician esa situación para intentar derogar o impedir la entrada en vigor de una ley que busca conseguir una cobertura universal en los servicios de salud. En primer lugar, porque no hubo irregularidad alguna en su proceso de adopción, la ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, refrendada por el Presidente, y declarada constitucional por la Corte Suprema. En segundo lugar, porque los republicanos saben que no cuentan con los medios para derogarla: no cuentan con mayoría en el Senado, e incluso si la tuvieran, no cuentan en ninguna de las cámaras con la mayoría calificada que se necesitaría para superar un veto presidencial. En tercer lugar, porque no existe una clara y abrumadora mayoría en contra de la ley (según el último sondeo sobre...

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