El control del INEGI: La autonomía pendiente
| Autor | Zazil-Ha Troncoso |
Diez millones de pobres se pueden reducir a la mitad o incrementarse al doble de la noche a la mañana. Todo dependerá del cristal con que se mire.
Cristales hay de todos los colores. Abundan los negros y los rosas. También los hay matizados y contrastados. La mayoría son opacos.
A la fecha, nadie ha podido construir un cristal que sea transparente en su totalidad, libre de impurezas, universalmente aceptado como fiel espejo de lo que en "realidad" es.
Sin embargo, los intentos abundan. Persistirán mientras no se supere el primer obstáculo al que se enfrentan y que representa el punto de partida: la definición de la pobreza.
Como las teorías al respecto son numerosas, las implicaciones para medirla son diversas y no menos lo son las dificultades para valorar los componentes de lo que es un nivel de vida mínimamente aceptable.
Y es a propósito de cifras de pobreza, particularmente las que maneja el presidente Vicente Fox, que entonces surgen una serie de propuestas legislativas para otorgarle autonomía constitucional al principal ente compilador de la información que sirve de base para estas mediciones: el INEGI.
La capacidad del organismo no está en duda: se le reconoce como uno de los mejores y más profesionales, pionero del servicio civil de carrera, reconocido a nivel internacional, avanzado en tecnologías de la información.
De hecho, nadie se atreve a afirmar que de parte del INEGI haya manipulación de las cifras, pero sí se habla de la cuasiperfecta posibilidad de que lo pueda hacer, o lo que sucede actualmente, que no pueda refutar a quienes sí lo hacen, según señalan promotores de las propuestas.
Se expresa claramente, por ejemplo, en la excitativa que la senadora Dulce María Sauri presentó el 31 de marzo de 2005 dirigida a la Cámara de Diputados para que aprobara o devolviera con cambios la minuta que el Senado aprobó el 15 de diciembre de 2003.
Para fundamentar su exhorto, se refiere a una visita a Los Pinos por parte de ex alumnos mexicanos de Harvard, el 2 de marzo de 2005, cuando el Presidente declaró su "sospecha" de que se había ganado otro 15 por ciento a la pobreza.
"Ante lo declarado por el Presidente, nosotros sospechamos también. Pero sospechamos de la confiabilidad de los datos que permiten al Presidente formular tales declaraciones. Nos preocupa que nuevamente se refiera a un tema tan sensible e importante para la población mexicana abordándolo con poca seriedad y sin la responsabilidad institucional que amerita", citaba la senadora en el documento.
Antecedentes
La primera iniciativa en este sexenio la presentó el senador Antonio Soto a nombre del grupo parlamentario del PRD el 25 de septiembre de 2001, un mes después de que denunciara a través de su entonces asesor, Julio Boltvinik, la manipulación de cifras por parte de las autoridades oficiales, en un contexto en el que se discutía intensamente la reforma fiscal del Presidente.
La también llamada Nueva Hacienda Pública Redistributiva, conformada por una reforma constitucional y cambios a seis leyes en la materia, fue presentada por el Ejecutivo el 5 de abril de 2001 y la controversia se desató principalmente en torno a la propuesta de gravar los alimentos y medicinas con el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.
La discusión mediática estaba en su apogeo y gran parte de la polémica tenía que ver con una medida que proponía el Ejecutivo para compensar a los más pobres por encima del efecto que les acarrearía la aprobación de la propuesta. Se trataba del entonces famoso "copeteado".
Fue el 21 de agosto de 2001 cuando el grupo parlamentario del PRD en el Senado denunció, a través de Boltvinik, que el presidente Fox le había mentido al Congreso y al pueblo, ya que las cifras que presentaba para sustentar su "copeteado" estaban manipuladas.
Se refería a la información que el 29 de junio de ese mismo año había mandado al Senado la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, en la que se subestimaba la captación del IVA por alimentos para el 20 por ciento de la población más pobre.
La realidad era, según explicó Boltvinik, que el gasto monetario en alimentos de este sector era con mucho superior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 1998, en la que se suponía estaba fundamentada la información de Hacienda, instancia de la que depende el INEGI.
En términos monetarios, esto significaba que la recaudación por IVA en alimentos de este 20 por ciento de la población más pobre era de poco más de 8 mil millones de pesos, y no de 2 mil 600 millones como aseguraba Hacienda con las cifras...
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