La Convención de Mérida: La amenaza de la corrupción

AutorPatricia Olamendi

La corrupción, considerada en general, es el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común. La corrupción gubernamental es la desviación de los fines de la función pública en beneficio particular.

La corrupción afecta negativamente el desarrollo de los pueblos, carga a la comunidad con costos injustos, destruye la competencia comercial, demanda esfuerzos innecesarios de los mecanismos de cooperación internacional, desacredita a la autoridad y altera la paz de las naciones.

Por todas estas razones, la corrupción ha dejado de ser considerada un problema exclusivamente doméstico y constituye hoy uno de los principales desafíos de la agenda global.

Para crear un frente común y articulado de lucha contra la corrupción, un grupo de países, entre los que figuró México, promovió la elaboración de un instrumento internacional exclusivamente dedicado a abordar este fenómeno.

Como resultado de este esfuerzo, en el 58+ periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó por unanimidad la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y proclamó el 9 de diciembre como el "Día Internacional contra la Corrupción".

De la misma forma, reafirmó la decisión tomada el 18 de diciembre de 2001 (resolución 58/4), en el sentido de que la Convención se abriera a firma en una Conferencia de Alto Nivel. Esta tendrá lugar del 9 al 11 de diciembre en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

México tuvo una activa participación durante todo el proceso de negociación que culminó con la adopción de la Convención de Mérida. A fin de facilitar el debate, presentó una propuesta amplia de instrumento, muchos de cuyos elementos quedaron reflejados en la versión aprobada por la Asamblea General de la ONU.

El objetivo de México fue el de contar con un texto que considerara de manera integral y amplia el fenómeno de la corrupción, en todos los niveles y todos los sectores, y que contribuyera efectivamente a su erradicación.

La propuesta mexicana abarcaba no sólo la penalización de las distintas manifestaciones de la corrupción, sino que también desarrollaba mecanismos de prevención, de recuperación de bienes producto de actos de corrupción, de cooperación internacional, de monitoreo y de control, entre otros.

La preparación de este texto fue el resultado del trabajo conjunto y comprometido de expertos independientes, de la Cancillería, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la...

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