Coordenadas / Las siete vidas del Fobaproa (2)
| Autor | Enrique Quintana |
El tema del Fobaproa está de regreso pero para entender lo que se debate, vale la pena seguir con una retrospectiva.
El 20 de septiembre del año 2000, la Cámara de Diputados recién instalada emitió una recomendación al IPAB en la que planteaba hacer una revisión de una parte de las llamadas "transacciones reportables" consignadas por el auditor Michael Mackey, con objeto de determinar si existía en ese grupo alguna ilegalidad.
Hay que recordar que las "transacciones reportables" según el Reporte Mackey eran de tres tipos.
Las de tipo A se referían a los créditos que no cumplían con las condiciones establecidas por el Fobaproa para entrar en el programa de Capitalización y Compra de Cartera. La mayor parte de estas transacciones fueron acordadas por el Fobaproa, la Comisión Nacional Bancaria y los bancos. Cuando se presentó el Reporte eran mil 994 casos y ascendían a 24 mil 700 millones de pesos, implicando a nueve bancos.
Las de tipo B eran transacciones en las que los bancos otorgaron créditos "a partes con las que tenían alguna relación o afiliación". Se identificaron 380 casos por un valor conjunto de 42 mil millones de pesos en 15 bancos.
Las de tipo C eran transacciones identificadas como ilegales o violatorias de reglamentos. Eran 64 casos por un monto de 5 mil 500 millones de pesos, ubicadas en siete bancos.
Del informe de Mackey y de las revisiones de las autoridades derivaron 40 procesos penales, de los que por cierto no hay claridad respecto a lo que resultó en el conjunto de ellos.
Este es el contexto en el que los diputados recomiendan al IPAB efectuar la auditoría de las transacciones reportables.
Durante el 2001, el IPAB actuó en función de la recomendación pero el 17 de septiembre de ese año, al comparecer en la Cámara de Diputados, Julio César Méndez, señaló que los bancos rechazaban las nuevas auditorías y el IPAB carecía de las facultades legales para obligarlos a aceptarlas.
En la Junta de Gobierno del IPAB celebrada el 23 de mayo del 2002, se determinó la realización de las nuevas auditorías a la cartera de los cuatro bancos sobrevivientes, Banamex, BBVA Bancomer, Bital y Banorte.
Ante la decisión del IPAB que siguió la instrucción de la Auditoría Superior de la Federación, los cuatro bancos involucrados promovieron un amparo desde el mes de julio y en noviembre del año pasado, el juez noveno de distrito en materia administrativa otorgó la suspensión provisional, lo que impidió que el IPAB pudiera iniciar las revisiones...
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