Cuestiona CNDH a fuerzas federales

AutorHenia Prado y Daniela Rea

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, uso excesivo de la fuerza y privación de la vida, cometidos por marinos, soldados y policías ministeriales.

En la recomendación 52/2012, el organismo confirmó que la ciudadana Miriam López Vargas fue detenida de manera arbitraria, retenida ilegalmente, torturada y violada por militares para obligarla a autoincriminarse como narcotraficante.

El documento, emitido en días pasados, está dirigido al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y la Procuradora General de la República, Marisela Morales, pues personal de la PGR participó en los abusos.

"Violaron los derechos humanos a la libertad personal, a la seguridad e integridad personal, al trato digno y a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia de V1 por hechos violatorios consistentes en detención arbitraria, retención ilegal, tortura y atentados contra la libertad sexual, por elementos del Ejército Mexicano y así como por omitir realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos por parte de la Procuraduría General de la República". señala la CNDH.

Los hechos ocurrieron en Ensenada, Baja California, el 2 de febrero del 2011.

Esa mañana López Vargas iba a bordo de su automóvil por las calles del centro de la ciudad, cuando dos militares vestidos de civil, encapuchados y con armas largas, a bordo de dos camionetas, se le cerraron y se la llevaron hasta Tijuana, al cuartel militar Morelos, donde permaneció 7 días detenida. Ahí, sufrió tortura con toques eléctricos y simulacros de asfixia, además de haber sido violada sexualmente por 3 militares, y amenazada de lastimar a sus tres hijos, de quienes le enseñaron fotografías.

Mientras sufría tortura, Miriam fue obligada por un ministerio público militar, Francisco Nieto, y una MP federal, Sayda Román, a autoincriminarse como narcotraficante; a su vez a acusar a 10 militares que fueron presentados ante ella y cuyas fotografías le habían mostrado con anterioridad, para que los acusara de recibir dinero de ella a cambio de permitirle traspasar droga por el retén de Ensenada.

Así, la MP federal la acusó de pertenecer a la delincuencia organizada, estuvo bajo arraigo en la Ciudad de México y posteriormente fue presa en Baja California por 10 meses, luego liberada debido a la falta de pruebas.

La CNDH...

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