Cuidar a la gente o cuidar el poder
| Autor | Nelson Arteaga Botello |
El diseño de las políticas públicas dirigidas a combatir la inseguridad se ha transformado de una manera muy acelerada a finales del siglo XX. Durante el siglo XIX y hasta hace apenas unos 20 años las políticas de seguridad pública estaban orientadas por una visión que privilegiaba el orden público. La policía tenía entonces una función undamentalmente represiva, no sólo contra la delincuencia, sino principalmente contra aquellos movimientos -sindicales, estudiantiles, políticos- que se consideraba representaran un peligro para la continuidad de ciertos grupos políticos.
Ante la ampliación de los sistemas democráticos y la instauración de mejores y más efectivos mecanismos de consenso social, el problema de la delincuencia empieza ha ser considerado como un fenómeno que requiere ser prevenido a través de un trabajo conjunto con la población; es entonces cuando se diseñan estrategias y operativos especiales de vigilancia y de atención a grupos considerados como potencialmente delictivos. Hacia finales de los ochenta se agregan nuevos elementos al concepto de prevención, que permiten concebir el problema como consecuencia de una dinámica social precisa -la pobreza, la marginación de todo tipo y la exclusión social-, por lo que las políticas de seguridad se dirigen hacia la implementación de estrategias locales de seguridad y programas integrales de atención a grupos sociales en zonas consideradas como generadoras de crimen.
Sin embargo, en los últimos años el incremento de los índices delictivos y el sentimiento de inseguridad a nivel internacional ha sumado a las políticas de prevención una enorme carga de estrategias represivas y de control social, a tal grado que el ataque a la inseguridad sólo puede distinguirse por el grado de represión que utilizan las fuerzas públicas. En este contexto, conviene analizar las distintas políticas de seguridad pública que se han aplicado en algunos países con el fin de poder observar, con la debida distancia, cómo están conformadas, para tener un criterio frente a una eventual aplicación burda pero espectacular de las mismas -como ya sucede en muchos municipios y entidades de México- que al final de cuentas no cambie mucho la realidad mexicana en materia de seguridad.
La policía comunitaria inglesa
En Inglaterra existe una importante tradición de prevención de la delincuencia de manera consensual desde la década de los setenta, denominada policía comunitaria (community policing)1; esta política tiene como objetivo atacar las condiciones objetivas que pudieran estar funcionando como caldo de cultivo de la delincuencia, al mismo tiempo que involucrar a la comunidad en los trabajos de prevención de los fenómenos delincuenciales. El objetivo es multiplicar los encuentros entre la policía y la población a través de la organización de reuniones periódicas.
A principios de los ochenta se fortaleció la política preventiva cubriendo las situaciones que pudieran generar la comisión de delitos: se recomendó a los ciudadanos reforzar la seguridad de las casas -particularmente las puertas y las ventanas-, los espacios de trabajo y comercio. En 1983, el ministro del Interior creó una unidad de prevención de la delincuencia (crime prevention unit), con el objetivo de reforzar la prevención en los lugares susceptibles de ser objeto de la delincuencia.
Para 1984 los ministerios del Interior y de Educación y Salud firmaron un comunicado donde se señalaba que la delincuencia era sin duda una prioridad para la policía; sin embargo, esa tarea no relevaba de su responsabilidad a la comunidad en su conjunto. Más aún, se indicaba que no era posible establecer una política homogénea en el país, dadas las condiciones específicas de cada localidad y barrio, por lo que se mencionaba la necesidad de una coordinación entre la policía y organismos locales.
En 1989 se publicó un documento denominado Safer Communities: the local delivery of crime prevention through the pathership approche. Este reporte planteaba las siguientes recomendaciones: a) La necesidad de involucrar a la sociedad y la policía en un combate común contra la delincuencia y contra los problemas sociales de la comunidad; b) instaurar una cooperación total, involucrando a autoridades judiciales, policiales, médicas, asociaciones, empresas y residentes en la atención de los problemas de inseguridad; c) dotar a las autoridades locales de capacidad decisoria en problemas relacionados con la comunidad, por ejemplo, en el ámbito educativo; d) analizar los problemas de seguridad entre las autoridades locales y la policía y buscar la consulta u opinión de la ciudadanía con respecto a las conclusiones y propuestas de trabajo; e) definir objetivos y responsables; f) publicar una estrategia de lucha contra el crimen y los problemas sociales sobre la base de resultados que se puedan evaluar; g) publicar la evaluación o auditoría con el fin de tener un reporte, al finalizar el año, con los progresos registrados.
En este contexto, el objetivo del programa "ciudades seguras" era atacar a la delincuencia a través de atender los problemas sociales, al mismo tiempo que delincuenciales. Durante los años siguientes el programa fue llevado a cabo con entusiasmo; al mismo tiempo se puso en marcha un sistema de gestión de información y un fondo para el financiamiento de programas en materia de seguridad pública.
Por otro lado, en las últimas dos décadas se han aplicado políticas particulares para prevenir el crimen que implican un trabajo cercano entre sociedad y policía. Destaca en primer lugar el Programa Vecino Vigilante (Neighborhood Watch), consistente en involucrar a los vecinos de una cuadra o una colonia en la observación de...
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