La democracia incompleta
| Autor | Gustavo López-Montiel |
Una vez que han concluido las elecciones internas de dirigentes que los tres partidos realizaron a lo largo de los últimos tres meses, estamos en condiciones de evaluar lo que han representado en el proceso de cambio político que se desarrolla en México. La experiencia llama por una mayor democratización de los partidos políticos, misma que podría pasar por las organizaciones electorales oficiales como el Instituto Federal Electoral.
Esas elecciones internas parecen afirmar una visión poco esperanzadora de la democracia mexicana. Los "cochineros" del PRI y el PRD demuestran que el compromiso democrático que los grupos partidarios exigen de las estructuras de gobierno, no está enraizado en ellos mismos.
Los partidos se desnudan y enseñan lo que pueden y no pueden hacer en su vida interna. Sin embargo, no es claro que la sociedad los castigue por ello. La reciente elección interna, ¿tendrá algún efecto negativo?
Los partidos políticos son entidades de interés público según la Constitución, por lo que sus acciones importan al público. Más aún cuando la mayor parte de sus actividades se realizan con dinero público, otorgado a través del IFE y gracias a los impuestos que la sociedad paga cotidianamente. Incrementar la supervisión de ese organismo a las actividades de los partidos resulta mayormente justificable, cuando nos enteramos del uso discrecional de los recursos que reciben.
El escrutinio debe hacerse por dos vías, a través de la observación pública que los ciudadanos hacemos y a través de la supervisión del IFE.
El escrutinio ciudadano es cotidiano, pero desgraciadamente no contamos con la información ni con el interés necesarios, como para llevar este examen a forzar a los partidos a actuar de manera más responsable y digna. No sabemos aún hasta qué punto las elecciones internas tendrán alguna influencia importante en las tendencias de votación futuras.
Por ello, se puede considerar como un punto central en la discusión de la siguiente reforma electoral, la ampliación de las facultades del Instituto Federal Electoral para regular de manera más eficiente la vida interna de los partidos, como lección obtenida de los procesos internos recientemente vividos.
El IFE se construyó como un elemento que ayudaría a consolidar un proceso de transición política. Esta lógica transicional implicaba que la negociación entre partidos en los órganos electorales fuera mediada por un conjunto de consejeros apartidistas, con lo que el conflicto político se trasladaba y encerraba en un ámbito propicio, alejado de otros escenarios de negociación, como el Congreso.
La existencia de una sala dependiente del Poder Judicial, pero fuera de la Suprema Corte de Justicia, fragmenta aún más el conflicto postelectoral, reduciendo el riesgo para el IFE, puesto que sus decisiones -o indecisiones- serían sancionadas por otro órgano con escasa repercusión.
La razón mediadora que justificaba la existencia de los consejos generales como espacios de negociación ha desaparecido, porque el conflicto en torno a la operación electoral ha disminuido considerablemente. Con ello, los órganos electorales tienden a conformarse como espacios técnicos y de operación, alejándose del conflicto político que los caracterizó al inicio.
Aunque es improbable que los consejos generales transiten de ser espacios de decisión política a conformarse como espacios de decisión técnica, su lógica transicional deberá cambiar para adecuarse y dar viabilidad organizacional a los órganos electorales en el largo...
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