Denise Dresser / ¿Corte cortesana?
| Autor | Denise Dresser |
Cuatro ministros vestidos de toga negra, asentados en la punta del Poder Judicial. En el sitio donde supuestamente se deben dirimir los temas más importantes y las cuestiones más relevantes. En la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia donde tienen la tarea de hacer valer los derechos constitucionales de cada ciudadano. En un recinto en el cual les corresponde darle sentido vital y moral a la Carta Magna. Enfrentando, la semana pasada, un caso crucial para todos los que pagamos impuestos: el amparo promovido por 19 analistas y escritores y académicos contra la condonación del pago del ISR a estados y municipios. El amparo contra un rescate fiscal escandaloso. El amparo de #YoContribuyente.
Un caso que definiría si los ciudadanos tienen "interés legítimo" para promover amparos que cuestionen al gobierno sobre el ejercicio de recursos públicos. Un caso que preguntaba la constitucionalidad de permitir que los estados y municipios dejen de pagar los impuestos que deben. Un caso que preguntaba si los contribuyentes tienen derecho a conocer el destino de sus contribuciones al gasto público. Así de importante. Así de trascendental. Confrontando la validez de un favor gubernamental injusto. Abordando la violación del principio de equidad fiscal, que otorga privilegios a unos pero no a otros. Evidenciando la opacidad que persiste en el manejo de los recursos públicos. Y una Suprema Corte que parece proteger todo eso.
Porque el asunto se votó en menos de 5 minutos. Porque en una votación de 3-1 se desechó -sin explicaciones- el proyecto del ministro José Ramón Cossío que validaba el "interés legítimo" de los ciudadanos a cuestionar un rescate fiscal irregular. Porque en lugar de responder a las interrogantes que el caso generó, prefirieron no contestarlas. La mayoría de los ministros optó por simplemente decir "no". No, los ciudadanos tienen que contemplar pasivamente cómo los gobiernos se quedan con recursos que no les pertenecen. No, los ciudadanos tienen que aceptar silenciosamente el trato diferenciado que convierte a un manojo de actores políticos en "Contribuyentes VIP".
Aquellos a quienes no se les aplica el Código Fiscal de la Federación que impone una sanción de hasta 9 años de prisión -por el delito de defraudación fiscal- a quien omita enterar a las autoridades fiscales las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera recaudado o retenido. Aquellos a quienes no se les castiga por beneficiarse...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba