Denise Dresser / Impunidad ignorada

AutorDenise Dresser

En México la transparencia tarda en venir. En México el fin de la impunidad todavía no es un principio. En México seguimos esperando. Vicente Fox prometió sustituir la corrupción política del pasado por la rendición de cuentas del presente, las mentiras de ayer por las verdades de hoy. Nadie esperaba que el cambio ocurriera de la noche a la mañana; nadie apostaba a que fuese así. México carga con un legado pesado y difícil de aligerar. Las instituciones encargadas de proveer justicia llevaban décadas saboteándola; las reglas diseñadas para establecer el Estado de derecho llevaban años obstaculizándolo; las personas encargadas de proteger a la sociedad llevaban sexenios abusando de ella. Pero el país le tomó la palabra al Presidente y lleva tres años conteniendo la respiración.

Vicente Fox prometió identificar a los responsables y sancionarlos. Para ello fue creada la oficina del Fiscal Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado. Para ello se instaló al frente de ella un hombre honesto. Para ello se investigarían las desapariciones y se castigaría a los responsables de dar las órdenes. Para ello se dieron instrucciones a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para proveer documentos sobre los desaparecidos e información sobre su paradero. Pero a un año y medio de su creación, enfrenta serios obstáculos para poder llevar a cabo su misión. Ignacio Carrillo Prieto es un fiscal especial atrapado en el laberinto de la complicidad nacional.

Como lo documenta el reporte reciente de Human Rights Watch, la parálisis no se debe a la falta de voluntad del fiscal, sino a los obstáculos estructurales que enfrenta. La falta de resultados no se debe a la falta de voluntad de Carrillo Prieto para obtenerlos. El problema principal tiene que ver con el gobierno federal, con el entramado legal, con la justicia militar. Es allí donde se han erigido vallas y muros para frenar al fiscal y acotarlo; es allí donde persisten los silencios y las puertas cerradas. La Fiscalía Especial no tiene los recursos humanos y materiales que necesita; no tiene el acceso a los documentos desclasificados que requiere; no tiene la cooperación prometida por parte del Ejército indispensable para cumplir con su labor.

Peor aun, la Fiscalía Especial se enfrenta a un laberinto legal que le dificulta perseguir el objetivo para el cual fue creada: encontrar a los culpables y juzgarlos. Muchas cortes y muchos jueces piensan que los delitos...

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