El desgarramiento social

AutorFernando del Collado

Es la frustración. Es la incapacidad de operación política para resolver las demandas sociales. Es la alta de instrumentación política tendiente a la prevención de los conflictos. Es la cultura de la impunidad, el poder extraterritorial, el imperio de la ilegalidad. Es el México bronco que parece poner en jaque la gobernabilidad del país y encender los focos rojos de la inestabilidad social.

"Ese México bronco del que tanto se describe lleva muchos años operando y despierto. Hoy lo está, pero todavía estamos en momento de reencauzar institucionalmente toda esa organización y energía social, y evitar que en pocos años nos convirtamos en una Colombia o una Venezuela, donde se ha colapsado la autoridad pública, y la política se juega en las calles, en las selvas, en las montañas", advierte Guillermo Trejo, académico especializado en movimientos sociales y armados.

El registro violento de ese México que parece tomarse la ley y los espacios por su propia mano, asiste la aseveración de Trejo. En los 38 meses de la administración de Vicente Fox se han registrado casi 800 asesinatos en actos relacionados con "ajustes de cuentas" del crimen organizado, conflictos agrarios, tomas de alcaldías, reyertas postelectorales y linchamientos públicos.

En materia de homicidios ejecutados por bandas de narcotraficantes se calculan cerca de 600 asesinatos en los últimos tres años.

En promedio, cada día son ejecutadas dos personas, la mayoría en plena vía pública.

Y curiosamente, el mayor número de ejecuciones se registra durante los meses de enero de cada año. Según reportes de la Procuraduría General de la República, en los primeros tres meses del 2001, se registraron 152 ejecuciones con características de ajuste de cuentas entre supuestas bandas de narcotraficantes. En Sinaloa, hubo 112 asesinatos. Le siguió el Distrito Federal con 16 homicidios, Chihuahua con 12, Guerrero con siete, Tamaulipas con tres, y Guanajuato y Nuevo León con un asesinato en cada entidad. Sólo en enero de ese año fueron ejecutadas 67 personas.

En enero del 2002, fueron asesinadas 31 personas. En enero del 2003, murieron 47 y para abril de ese año, el crimen organizado rebasó su cifra "récord" anual con 190 homicidios. En este año, hasta el 26 de enero, la suma alcanzó las 72 personas asesinadas.

Pero los movimientos de grupos sociales no se quedan tan atrás. En el periodo, hay un registro de cerca de 40 enfrentamientos sociales con hechos de violencia.

En Oaxaca, por ejemplo, 23 alcaldías municipales han sido ocupadas a través del uso de la fuerza en los tres años inmediatos anteriores. En Guerrero y Chiapas, por lo menos otras 15 alcaldías y municipios han sido allanados.

Los "ajustes" en las zonas rurales tampoco son menores. El 31 de mayo del 2002, un grupo de 27 campesinos de la comunidad de Xochiltepec, que viajaba en un camión de volteo, fueron emboscados y masacrados en el paraje Agua Fría, del municipio de Textitlán. Y tras la masacre, el gobernador de la entidad, José Murat, reconoció que tenía "identificados" 57 conflictos agrarios de "alto riesgo" en la entidad.

En Chiapas, durante los primeros seis meses del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, se registraron 21 asesinatos. De enero a marzo del 2001, en cinco incidentes violentos murieron tres personas; de abril a junio, otros 10 hechos violentos dejaron un saldo de 18 muertos, todos ellos relacionados con conflictos intercomunitarios.

Y no sólo en las zonas rurales el registro de violencia es materia cotidiana. El Distrito Federal tiene una suma de 15 intentos de linchamientos públicos, cuatro de ellos con consecuencias fatales durante los últimos dos años. Y a ellos se agregan zonas consideradas de "alta criminalidad", como Tepito e Iztapalapa, donde incluso la entrada de las fuerzas policiacas está vedada.

En los primeros tres meses del 2003, en el Distrito Federal se registran 34 homicidios como resultado del enfrentamiento de diversos grupos de "graperos" y de ex convictos, principalmente en el barrio de Tepito y la colonia Morelos.

"La crisis de seguridad pública está rayando en los límites de la ingobernabilidad", advierte el especialista en derechos humanos, Miguel Sarré, quien reconoce que la violencia social está minando el Estado de derecho.

"Es un desgarramiento de lo que hemos logrado en cuanto al Estado de derecho", agrega.

"Es una sociedad que vive en rojo. Es una sociedad con un fondo rojo, con puntos de mayor o menor intensidad. Pero no podríamos esperar menos con el nivel social en el que se vive, con las dificultades de ascenso y movilidad que tienen las personas. ¿Cuántas generaciones se necesitan para que el hijo de una trabajadora del hogar esté en condiciones de igualdad frente al hijo de las personas con las que trabaja?

"Hay una serie de fuerzas latentes que hacen muy difícil la situación social de México y eso tiene que traducirse en el ámbito del derecho por el derecho y el Estado tiene que ir organizando y dando cauces a las inquietudes sociales, de manera que no debe ser necesario bloquear una avenida para hacer valer una exigencia. Tendrían que operar para establecer si esa exigencia tiene o no tiene bases y no caer en un estado de primariedad donde se haga valer todo por medio de la fuerza social", añade Sarré.

La tarea, dice el también investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es reforzar esa cultura de legalidad dando muestras y tomando acciones congruentes con esa legalidad:

"Es muy evidente que hay un gran déficit en lo estrictamente jurisdiccional".

Las instituciones, dice, no están a la medida de la dimensión de los problemas sociales que vive el país.

"Y por supuesto que no vale aquí la salida fácil de decir que son narcotraficantes y que se maten entre ellos.

No. Son vidas y hay un clima tal que permite esa violencia y está enraizada en algunas regiones y ciudades del país. Hay que hacer una revisión de las reglas del juego, inclusive una revisión de las políticas estatales en torno al tratamiento de esos temas".

Guillermo Trejo afirma que el tránsito político no ha logrado disminuir los niveles de violencia: "Los primeros tres años de Fox no han logrado disminuir los niveles de protesta social, de los conflictos comunitarios, de la operación de grupos guerrilleros. Por otro lado, los niveles de homicidios, crimen organizado, mafias, narcotráfico, que son fenómenos clásicos que surgen en la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, no han logrado disminuirse. El tránsito democrático ha tenido una consolidación muy tardada, muy complicada y es la razón por la cual seguimos teniendo todavía niveles de movilización social y de conflictos, de presencia de crimen organizado tan fuerte como en los años del zedillismo".

Es, añade, la respuesta a la falta de una operación política capaz de resolver y prever los conflictos sociales:

"Como en el pasado, la autoridad pública sigue reaccionando a toro pasado, y no prevé, no desarticula, no abre canales de negociación y comunicación previos al acto o al plagio. El énfasis lo pondría en la incapacidad de prevención por parte de las autoridades públicas. Pareciera que estamos ante una autoridad pública que está aturdida, que perdió la brújula ante un sexenio que parece que ya se terminó".

Sin embargo, para el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, aún se cuenta con tiempo para corregir la inoperancia del Estado frente a los conflictos sociales.

"Estamos en una etapa donde las cosas todavía están bajo control.

Deberíamos empezar a prender los focos amarillos, los focos rojos. Aunque tampoco deberíamos exagerar mucho. Valdría la pena vernos un poco en el espejo sudamericano y el punto es preguntarnos si queremos, después de 10 ó 15 años, ser una Colombia, una Venezuela, en los cuales se ha colapsado la autoridad pública y la política se juega en las calles, en las selvas, en las montañas. Si queremos evitar eso, más vale ahora tratar de repensar cuáles son los factores, las causas por las cuales persisten las protestas sociales, los linchamientos, los conflictos intercomunitarios, por qué la gente se toma la ley en su mano, por qué siguen operando de manera muy eficiente y siguen expandiéndose las mafias y el crimen organizado.

"Y mucho de esto tiene que ver con la...

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