La dictadura de la seguridad

AutorAlberto Armendáriz

Nueva York.- Arrestos arbitrarios y secretos ordenados por el Poder Ejecutivo; detenidos indefinidamente sin acceso a abogados; censura a los medios de comunicación; restricciones para el ingreso de visitantes; control ideológico de profesores universitarios; inspección de correo electrónico, archivos médicos y material de lectura en bibliotecas; listas negras de artistas considerados "disidentes", y constante monitoreo de la población con cámaras de video...

¿Una dictadura latinoamericana? En realidad se trata de apenas algunas muestras del ambiente que se vive hoy en Estados Unidos, país que desde su nacimiento ha sido considerado el mayor defensor de las libertades civiles y los derechos individuales. Hoy, sin embargo, se perciben cada vez más señales preocupantes de una ofensiva gubernamental contra estos valores y principios que están en riesgo.

"Es evidente que desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con la supuesta intención de asegurar al país, la administración del presidente Bush inició políticas y tomó una serie de medidas que no han hecho más que socavar las libertades civiles y reducir el poder de las cortes, que deben servir para garantizar esos derechos", resume a Enfoque Emily Whitfield, vocera de la American Civil Liberties Union (ACLU), la mayor organización no gubernamental norteamericana destinada a defender las libertades y derechos individuales establecidos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos.

"Y si las acciones de esta administración no nos han dado necesariamente mayor seguridad, lo que es seguro es que nos han vuelto menos libres", afirma la portavoz de la entidad, que tiene su sede nacional en Nueva York.

Hoy, con el periodo de gobierno a punto de cumplirse, los "recortes" o limitaciones a las libertades de los norteamericanos y extranjeros residentes en este país se pueden apreciar en el más amplio espectro de actividades.

El inicio de una era

La tendencia comenzó en las semanas inmediatamente posteriores a los ataques contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, cuando patrullas de la policía y el FBI arrestaron y encarcelaron a mil 200 personas musulmanas o de origen árabe como parte de las investigaciones acerca de los atentados; de ellas aproximadamente mil fueron detenidas en secreto, según un informe de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Tan sólo una decena fue acusada de cargos relacionados con terrorismo; 752 fueron acusadas de violaciones a las leyes migratorias y deportadas a sus naciones de origen. El resto debió soportar largas detenciones -de hasta un año- sin que se les acusara de cargos concretos e interrogándolos sin antes permitirles el acceso a sus abogados. Lo ejecutado en todos estos casos tuvo como trasfondo legal la llamada Patriot Act, una ley aprobada el 26 de octubre de 2001, que prevé el arresto indefinido y sin juicio de extranjeros que el secretario de Justicia considere representan una amenaza para la seguridad nacional.

"Con la Patriot Act y en general, este gobierno ha mostrado un marcado desdén y rechazo por los derechos de los individuos", destaca a Enfoque Jaime Fellner, directora del programa de Estados Unidos en la organización Human Rights Watch.

Por su parte, David Golove, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Nueva York (NYU), sostiene que la administración Bush ve los pesos y contrapesos tradicionales del sistema de gobierno norteamericano como...

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