Diego Valadés / Acceso a la justicia

AutorDiego Valadés

Todo Estado tiene en la justicia una de sus funciones esenciales. En el caso mexicano es uno de los aspectos del poder que se ha procurado robustecer, más por conveniencia que por convicción.

Desde el siglo XIX, ante la ausencia de libertades públicas se admitió la necesidad de tutelar al menos las libertades individuales. Ahí se localiza una de las causas que contribuyeron al desarrollo del juicio de amparo, creado en Yucatán en 1841, en plena dictadura de Antonio López de Santa Anna.

Durante la dictadura porfirista y a lo largo de la hegemonía de partido en el siglo XX, el juicio de amparo continuó su expansión, como demanda de un sector jurídico del país. Para amortiguar las exigencias democráticas, la estrategia reformadora estuvo centrada por largo tiempo en las áreas jurisdiccional y electoral, como factores de compensación ante otras carencias, dejando pendientes hasta la fecha los sistemas representativo y de gobierno.

No se puede ignorar lo que se ha avanzado en el ámbito de la justicia. La labor de la Suprema Corte de Justicia ha sido crucial para el control parcial del poder en las dos últimas décadas. Subsisten algunos errores en el diseño institucional de la Corte, pero esto no afecta la calidad del trabajo que realiza.

También ha contribuido a atender la cuestión de la justicia en México el sistema no jurisdiccional para la defensa de los derechos humanos, que incluye los organismos públicos nacional y locales, y la constelación de organizaciones de la sociedad involucradas en esa actividad. Salvadas las deficiencias de algunos entes públicos estatales, el proceso evolutivo es en general positivo.

Sin embargo, nos va quedando una cuestión acerca de la cual apenas contamos con algunas instituciones. El acceso a la justicia es tortuoso y oneroso. Para subsanar este déficit existen algunos órganos como las defensorías de oficio, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría del Consumidor, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y, en fecha más reciente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Las procuradurías y comisiones contribuyen a solucionar problemas de los justiciables, y las defensorías, aunque con niveles diferentes de preparación profesional y de recursos materiales, auxilian a los procesados. En esta labor también tienen un papel muy destacado varios...

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