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Diego Valadés / La Constitución burlada

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Vincent
AutorDiego Valadés

A la memoria de Jesús Silva-Herzog Flores, hombre público excepcional.

Los problemas políticos mayores que padece México se sintetizan en corrupción, impunidad, violencia e inequidad, y están conectados con la debilidad de las instituciones. El extremo de esa fragilidad institucional se advierte en las limitaciones del Congreso para controlar el uso de los recursos públicos.

Un aspecto central en la formación del constitucionalismo atañe a evitar los excesos de los gobernantes en cuanto a la tributación, y al manejo responsable de la masa de bienes aportados por los causantes para sufragar los gastos del Estado y los servicios que debe prestar a todos los gobernados.

El proceso para construir esos mecanismos inició en 1215 cuando el monarca inglés aceptó que los gravámenes fiscales serían autorizados por los representantes de los estamentos. Siglos después el Bill of Rights (1689) británico determinó que el monto y destino de las erogaciones públicas también serían los asignados por los representantes. Luego la Constitución de Estados Unidos (1787) agregó la obligación de llevar una cuenta de ingresos y egresos públicos y la Constitución francesa de 1791 adoptó la regla de que los representantes políticos verificarían que el presupuesto fuera aplicado conforme a las determinaciones parlamentarias.

Con esos antecedentes, la Constitución de 1917 dispuso que el Congreso revisara la cuenta pública del año anterior. "La revisión no se limitará a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo con las partidas respectivas del Presupuesto, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y a las responsabilidades a que hubiere lugar". En 1977 esta facultad se asignó en exclusividad a la Cámara de Diputados.

Por décadas lo habitual fue que el decreto anual despachara la cuenta pública mediante tres lacónicos acuerdos: admitir el documento presentado por el gobierno, determinar que "las cantidades gastadas concordaban con las partidas autorizadas", y ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda el archivo correspondiente. Eran tiempos de plenitud hegemónica. El estilo comenzó a cambiar con las nuevas relaciones de poder. Aunque la cuenta pública de 2001 fue revisada en 2005, fuera del plazo constitucional, incluyó el señalamiento de que los "resultados no se ajustan a los criterios señalados por el presupuesto".

Los legisladores se han ido deslindando de las irregularidades en el gasto...

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