Diego Valadés / Derecho a la verdad

AutorDiego Valadés

El riesgo de falsear la verdad es un mal endémico de las sociedades políticas.

La obligación de actuar conforme a la verdad subyace en todos los ordenamientos jurídicos y está en la esencia de la democracia. No aludo al complejo concepto filosófico de verdad, sino al conjunto de hechos comprobables en la realidad de un país.

En nuestra Constitución ya está presente el principio de verdad pública. En 2014 se adicionó que, en sus comparecencias ante las cámaras del Congreso o sus comisiones, los altos funcionarios deben "decir verdad" (arts. 69 y 93). Lo malo es que van poco y, en tanto que no hay sanción, hay quienes violan sin consecuencias ese compromiso. Además, es inadmisible que no estén vinculados por la misma obligación de veracidad al hablar en otros espacios públicos.

En ningún caso se justifica eludir la verdad, ni siquiera para cuidar el estado de ánimo social. Calcular que la inexactitud es intercambiable por la tranquilidad colectiva es un error que afecta las bases de la confianza en el sistema democrático.

No se debe confundir el derecho de acceso a la información, que forma parte de muchos sistemas jurídicos, con el derecho a la verdad. El primero se agota con el conocimiento de lo que consta en los repositorios oficiales, en tanto que el segundo atañe a la autenticidad de la palabra de quienes ocupan cargos de alta jerarquía política y administrativa.

La mentira conduce a contradicciones inocultables con la realidad y, convertida en tendencia de los altos cargos, genera un efecto emulador que alienta su reproducción en cascada pues el funcionario subalterno se siente impedido para contradecir al superior. El temor reverencial, la disciplina vertical y la obsecuencia contribuyen a la reiteración escalonada de la mentira. Esto tiene su origen en la naturaleza patrimonialista del ejercicio del poder.

En tanto que la estructura administrativa no sea reformada conforme a los estándares de un servicio civil muy riguroso y continúe sujeta a la apropiación temporal por parte de quienes ganan las elecciones, el inferior jerárquico no tendrá atribuciones legales para corregir los errores o las inexactitudes en que incurra el superior.

La mentira propicia una relación nociva entre gobernados y gobernantes. Cuando estos saben la verdad pero no la dicen, o ignoran la verdad e inventan una a su medida, producen la mayor erosión posible de un sistema constitucional porque afectan el valor de la palabra. La palabra debe servir...

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