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Diego Valadés / Estado laico en peligro

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Vincent
AutorDiego Valadés

El país está acosado por la barbarie y corre el riesgo de deslizarse hacia la anarquía. Por eso también peligra el Estado laico.

Hemos recorrido un sinuoso y accidentado camino para construir el Estado laico y ampliar los derechos humanos. Los resultados de ese esfuerzo histórico representan una auténtica hazaña de la libertad, la imaginación y la constancia, y en buena medida son obra de los creyentes pues los agnósticos y los ateos siempre hemos sido una minoría; pero subsisten resistencias poderosas.

Un capítulo de esa lucha se dio en 2007 cuando las mujeres del Distrito Federal recibieron el derecho a decidir sobre su embarazo en las primeras doce semanas. La reacción de la jerarquía eclesiástica fue drástica y eficaz pues en muchos estados las autoridades políticas cortejan y obedecen a los obispos. Por eso 18 constituciones locales fueron deformadas para equiparar el óvulo fecundado con una persona nacida. La consecuencia jurídica de esa decisión fue convertir el aborto en homicidio calificado, y hoy muchas mujeres sufren condenas inverosímiles en varios estados.

La presión eclesiástica domeñó a los partidos políticos, que prefirieron la rentabilidad electoral de esa alianza ante los comicios federales de 2009 a costa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Con objeto de mitigar el embate, en 2012 fue reformado el artículo 40 constitucional para caracterizar al Estado como laico, y en 2013 el artículo 24, para incluir el derecho a las convicciones éticas además de la libertad de profesar o no una religión. Empero, después de estas adiciones a la Constitución federal no se produjo cambio alguno en las constituciones locales que habían incluido un criterio confesional en contra de los derechos de la mujer. No sólo eso, este mismo año el gobernador de Veracruz y su congreso impusieron una regresión en el mismo sentido sin que nadie haya intentado una acción de inconstitucionalidad.

El desafío al Estado laico se agudiza. El alto clero sustenta que el matrimonio entre personas del mismo sexo contraviene al dogma. Las iglesias tienen derecho a definir sus propias verdades pero no a auspiciar de manera pública y sistemática prejuicios discriminatorios. Es del dominio público que la jerarquía eclesiástica católica ha promovido el rechazo social de los derechos humanos de la población LGBTI. Incitar a la discriminación no es ejercer el derecho de expresión ni el de libertad religiosa.

En tiempos que ya parecían...

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