Diego Valadés / Votar y delinquir

AutorDiego Valadés

Los brazos de la corrupción atenazan el cuello de la República. El fenómeno es tan grave que eleva la sospecha generalizada y hace difícil encontrar espacios para la confianza. El coste social de esta tendencia es muy considerable porque las sociedades democráticas se apoyan en la mayor extensión posible de las libertades, y estas a su vez exigen un amplio margen para la confianza.

Tanto más escasa sea la confianza, más abundantes serán las reglas restrictivas de las libertades, sin que se advierta que resulta contradictorio un marco para las libertades democráticas a partir de medidas prohibitivas.

La lógica de la democracia va en otra dirección. Las democracias consolidadas se basan en supuestos de confianza individual y colectiva en los que apenas se limitan algunas conductas, pues se asume que los ciudadanos y la mayor parte de los agentes políticos actúan de buena fe.

Cuando se parte de una hipótesis inversa y el objetivo central no es asegurar la libertad de los ciudadanos sino conjurar la perversión de los dirigentes, se intenta algo casi imposible: que las restricciones garanticen las libertades. Por eso en México estamos avanzando hacia una democracia nominal; una apariencia en la que cada día menos ciudadanos creen.

Lo habitual en las democracias es que los resultados electorales se conozcan apenas unos minutos, o cuando mucho unas horas, después de cerradas las urnas. En contraste, entre nosotros un largo y complejo sistema de contabilidad, verificación, impugnación y resolución hace que, con una frecuencia creciente, no sepamos lo sucedido con nuestro voto sino hasta meses más tarde, porque a la disputa electoral sigue la contención judicial.

La espiral de la desconfianza va en ascenso. Nuestro sistema no busca premiar a los partidos y a los buenos candidatos sino neutralizarlos y castigarlos. Durante décadas el proceso eleccionario estuvo encomendado a las autoridades municipales; luego fueron sustituidas por las estatales y más tarde por las federales. Esto no bastó. Al final también estas fueron excluidas y se tomó una nueva vertiente: la de autoridades profesionales administrativas y jurisdiccionales. En cada etapa la causa fue la bien ganada desconfianza en las instancias predecesoras, que fueron remplazadas.

Estamos cercanos a un punto en el que desconfiaremos de todos. Ya no creemos en los partidos y vamos deconstruyendo la confianza en las autoridades profesionales. Comenzamos...

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