Empresa/ Te lo dije...
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
¿Se acuerda usted del nerviosismo de los analistas cuando el Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, habló de un desequilibrio real entre ingreso y egreso públicos de 4 por ciento?
La paradoja del caso es que el reconocimiento inmediato de las deudas, en este caso la simple operación de incorporar al renglón de debe en los estados contables del país el equivalente, según las cuentas del propio instituto central, al 38 por ciento del propio PIB, se ubica como elemental en el más primitivo de los manuales de contabilidad.
De hecho, a nivel de sugerencia, la propuesta ya la había puesto en la mesa el grupo financiero Bilbao-Vizcaya/Argentaria-Bancomer. En un documento de título más que sugestivo: "Reducción de pasivos gubernamentales", el consorcio hablaba a título de exposición de motivos de "presiones sobre el déficit fiscal real y aumento de la incertidumbre sobre la carga tributaria, el gasto y el endeudamiento del Gobierno federal".
Más directamente, el análisis planteaba la conveniencia de que la Reforma Hacendaria asumiera "el reconocimiento explícito de estas obligaciones para de ahí generar un superávit público de por lo menos 4 por ciento del PIB año con año..."
¿Se acuerda usted de los reclamos a los estrategas de la promoción a favor de la "Nueva Hacienda Distributiva", de no plantear abiertamente que el país tiene un problema de caja ante el colosal endeudamiento heredado?
Lo curioso del caso es que ante los reproches de la oposición argumentando que la recaudación extraordinaria proyectada serviría, entre otras, para pagar los platos rotos del rescate bancario, la respuesta invariable del régimen era que se apuntaría en estricto hacía el gasto social... cuyas partidas resultan insuficientes al estar comprometidos los recursos.
El hecho es que a juicio de BBV-Bancomer, el fardo cuyo punto de partida es el involucramiento directo o indirecto del sector público en actividades de naturaleza privada, nace de "una regulación inadecuada de los mercados y el pobre ejercicio y control del gasto público".
Ahora que el problema concreto del rescate bancario, a cuya vera el Gobierno mantenía hasta el último día del año pasado obligaciones por 740 mil 500 millones de pesos, lo provocó "una garantía ilimitada del Estado a los depósitos de la banca, una regulación prudencial deficiente y un marco económico inestable".
Y aún hay más: "La garantía total del Gobierno al ahorro bancario y las fallas en el estado de derecho del país no sólo...
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