Dinero y campañas

AutorMartha Martínez

Un peligro acecha la democracia: el dinero suministrado a políticos que, al llegar al poder, otorgan beneficios y privilegios a sus mecenas. En los grandes escándalos internacionales -como Odebrecht o Panama Papers- y en los asuntos locales -como el Grupo Higa y las casas de Las Lomas y Malinalco, o las empresas hidalguenses beneficiadas por funcionarios cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong-, el común denominador es la complicidad entre políticos y empresarios, ya sea para financiar campañas, obtener contratos de obra pública o generar grandes riquezas que acaban en paraísos fiscales.

De cara a las elecciones de 2018, cuyas precampañas inician el próximo jueves, el Instituto Nacional Electoral convocó a dos días de discusión sobre estos temas, en el seminario "Dinero y Política, Democracia vs. corrupción", en el que especialistas internacionales, expertos mexicanos y autoridades electorales y del sistema anticorrupción compartieron experiencias sobre cómo frenar el dinero ilícito en las campañas.

Tres de los principales personajes que participaron en el seminario, Iván Velásquez, Marcela Ríos y Jorge Malem, coinciden en que se debe mantener el financiamiento público como prioritario en el sistema electoral mexicano, y fortalecer la fiscalización a entes privados que encuentran los resquicios para financiar la política.

EL PROBLEMA SON LOS PRIVILEGIOS'

IVÁN VELÁSQUEZ, COMISIONADO DE LA ONU CONTRA LA CORRUPCIÓN EN GUATEMALA, SUGIERE PONER LA LUPA EN EL FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS PRIVADAS A LAS CAMPAÑAS.

Para frenar el flujo de recursos ilícitos en las campañas electorales, el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, propone prohibir que las empresas que financian a candidatos, puedan obtener contratos de la administración pública entrante por adjudicación directa.

"Pensaba, por ejemplo, que la contratación directa a la que se recurre con tanta frecuencia, sea prohibida respecto del financista y así, por lo menos, garantizar que sea mediante procesos transparentes de licitación que se le adjudique a un financista, porque aquí sí estaría en equilibrio con los demás", sugiere.

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) advierte que en las campañas electorales pueden infiltrarse recursos ilícitos del crimen organizado, pero también de otros sectores, como el empresarial.

El abogado colombiano, quien llevó a la cárcel al ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y quien mantiene abierto un proceso por financiamiento ilícito en contra de su sucesor, Jimmy Morales, advierte que las aportaciones privadas a los procesos electorales no son malas por sí mismas, pero cuando estos recursos no están debidamente regulados y fiscalizados, se convierten en mecanismos que utilizan unos cuantos para asegurarse beneficios.

"El financiamiento no es en sí mismo un delito, el financiamiento no es malo. El financiamiento es contribuir también al fortalecimiento democrático... el problema es si por esto se obtienen privilegios respecto de los demás ciudadanos que no financiaron a determinado candidato que resultó elegido", señala.

Velásquez, quien desde 2013 ha liderado el proceso de combate a la corrupción en Guatemala, afirma que el financiamiento ilícito desequilibra la equidad de los procesos electorales y la...

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