Documenta CNDH crímenes de Estado
| Autor | Daniela Rea |
Pasar un retén, correr asustado o hacer un movimiento en falso frente a militares, marinos o policías federales, puede ser motivo para que las fuerzas de seguridad consideren a una persona como criminal y disparen a matar.
Estos son algunos de los patrones detectados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en homicidios de civiles y presuntos criminales cometidos por agentes federales, llamados también ejecuciones extrajudiciales.
De diciembre de 2006 a la fecha, la CNDH ha emitido 31 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales dirigidas a la Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública federal, principalmente, relacionadas con hechos que dejaron un saldo total de 47 civiles muertos. Dos de las recomendaciones se registraron en 2007, cinco en 2008, dos en 2009, ocho en 2010, y 14 en lo que va del año.
Según el derecho internacional humanitario, una ejecución extrajudicial se define como el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen.
En una revisión a las recomendaciones, se encontró que en 15 casos las víctimas resultaron heridas por las fuerzas de seguridad y murieron sin atención médica y en 12 murieron en el instante, casi todas por no hacer alto en retenes o encontrarse en un supuesto fuego cruzado.
En otros cinco casos, las víctimas recibieron el tiro de gracia o les dispararon a menos de un metro de distancia. A tres, les dispararon por la espalda, otros cuatro fueron detenidos y después aparecieron muertos. A cuatro más los mataron a golpes porque "se les pasó la mano", mientras que otras cuatro personas murieron en un enfrentamiento con una granada arrojada por militares.
Como el caso de Patricia Terroba, quien murió por la agresión de marinos que dispararon 53 veces a su automóvil en medio de un operativo contra Arturo Beltrán, y que impidieron a su familia buscar auxilio médico, en Cuernavaca. O el de Gregorio Bojórquez, quien tomaba un descanso en un cerro de Mocorito, Sinaloa, cuando asustado por la presencia de marinos corrió y fue baleado por la espalda, abandonado en el campo hasta morir desangrado.
En la mayoría de los casos, el organismo documentó la criminalización de las víctimas, el cambio de la versión de los hechos y la alteración de la escena del crimen, como en el homicidio de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey, quienes murieron durante una balacera en marzo de...
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