Eduardo Guerrero Gutiérrez / Dorado retiro
| Autor | Eduardo Guerrero Gutiérrez |
El 2 de julio de 1881, James Garfield, presidente de Estados Unidos, recibió dos tiros que semanas después le ocasionarían la muerte. El asesino, de nombre Charles Guiteau, era un simpatizante desafecto, que se creía merecedor de un cargo público y que había sido sistemáticamente ignorado (pedía una embajada, en virtud de su supuesta colaboración en la campaña de Garfield). El asesinato del presidente Garfield fue decisivo para la aprobación en 1883 de la Ley Pendleton. Dicha ley puso fin al "sistema de botín" -por medio del cual los cargos públicos se asignaban con base en intereses políticos- y estableció un sistema civil de carrera con base en el mérito.
En la clase política mexicana la mentalidad del botín sigue vigente en la actualidad. Así lo confirma el triste episodio de la pensión vitalicia de los magistrados del TEPJF. Como parte del paquete de leyes secundarias que se aprobaron en el contexto de la reforma política se estableció que los magistrados podrán recibir un "haber de retiro", si así lo decide la Comisión de Administración del propio tribunal. En el caso de la Suprema Corte, donde el haber de retiro ya existe, éste consiste en una pensión vitalicia del 80% de las percepciones del cargo, más beneficios como gastos de alimentación, chofer y personal de apoyo. Tomando esta referencia, el haber de retiro en el TEPJF pudo haber alcanzado dimensiones exorbitantes, considerando los sueldos que perciben los magistrados (ganan casi 4 millones 206 mil pesos al año: 2 millones 602 mil en salarios, 866 mil en prestaciones y 738 mil por "pago por riesgo") y que algunos son relativamente jóvenes (Salvador Nava tiene 46 años; María del Carmen Alanís, 47 y Constancio Carrasco, 50).
La forma subrepticia como el Congreso aprobó este cuantioso beneficio sólo se presta a pensar mal. Además, los argumentos que los magistrados han esgrimido resultan absurdos. El magistrado Flavio Galván afirmó que es "un retiro justo", cuando en realidad se trata de un privilegio excepcional. No hay que olvidar que los magistrados ya tienen derecho a una pensión del ISSSTE, así como a un seguro de separación. Por su parte, el magistrado Nava señaló que "la independencia judicial descansa en la garantía de inamovilidad y por un salario digno y proporcional a lo que se hace", como si sólo pudiéramos esperar profesionalismo de los servidores públicos cuando tienen asegurados sus altos sueldos en el mediano y largo plazo. Por el contrario, la...
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