Eduardo Guerrero Gutiérrez / Privacidad vs. seguridad
| Autor | Eduardo Guerrero Gutiérrez |
En marzo de 2012 el Congreso de la Unión aprobó la llamada "Ley de Geolocalización", un conjunto de reformas que impulsaron organizaciones de la sociedad civil, que otorga a las procuradurías federal y estatales la facultad para solicitar a las empresas telefónicas la ubicación de celulares y otros dispositivos, sin necesidad de contar con una orden judicial. Se trata de una facultad acotada, pues incluye exclusivamente la ubicación de los equipos (no se intervienen llamadas ni mensajes de texto) y se podrá ejercer sólo en el marco de investigaciones por delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.
Sin embargo, en mayo de 2012 la CNDH presentó ante la SCJN una demanda de inconstitucionalidad en contra de estas reformas; entre otras razones, por considerar que son contrarias al derecho a la privacidad. La Corte resolvió la demanda el pasado 14 de enero. Ocho ministros votaron a favor del proyecto de la ministra Luna Ramos, quien sostenía que la Ley de Geolocalización es constitucional, principalmente porque se refiere a la ubicación de dispositivos, no de personas.
Celebro esta resolución. En primer lugar, sugiere que los ministros tomaron en consideración el carácter prioritario que la seguridad tiene para la mayor parte de la población. En la discusión se dejaron del lado las posiciones dogmáticas, y se reconoció la inevitable tensión entre privacidad y seguridad. La Corte hizo bien al sacrificar marginalmente el derecho a la privacidad para salvaguardar sustancialmente el derecho a la seguridad. Como señaló en una nota el Ministro Arturo Zaldívar, por regla general toda invasión al derecho a la privacidad requiere de orden judicial, pero "puede prescindirse de tal orden en los casos de urgencia; esto es, cuando se ponga en riesgo la vida o integridad física de las víctimas del delito, o bien, cuando exista riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito".
La Ley de Geolocalización también es una apuesta positiva para ampliar las capacidades de investigación de los ministerios públicos. Actualmente los ministerios públicos son absolutamente dependientes de la existencia de un detenido para poder llevar a cabo su trabajo, y no cuentan con capacidades mínimas para llevar a cabo una verdadera investigación de los delitos (empezando por la localización de los probables responsables). En este sentido, la geolocalización de celulares, a pesar de sus limitaciones, ya ha demostrado ser una...
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