Eduardo Guerrero Gutiérrez / Reformas y rebeliones armadas
| Autor | Eduardo Guerrero Gutiérrez |
El 1o. de enero de 1994 fue un día especial para México. Ese día entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esa misma fecha también se levantaron en armas varias comunidades de Chiapas que, después de años de protesta pacífica, decidieron unirse al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En su extraordinaria investigación sobre el tema (Popular Movements in Autocracies, Cambridge University Press) Guillermo Trejo describe el papel que la pluralidad religiosa y la competencia política desempeñaron en la gestación de la rebelión zapatista, así como la importancia que la oposición al TLC tuvo para detonarla.
Como no ocurría desde principios de los años noventa, hoy en día se debate una ambiciosa agenda de modernización. Las reformas en los ámbitos energético y educativo ofrecen una coyuntura favorable para que grupos radicales (sindicales, magisteriales, e incluso los remanentes de antiguas guerrillas) busquen llevar agua a su molino. También, como ocurría hace 20 años, existe una región del país donde la acumulación de demandas insatisfechas y la percepción de abandono han generado un terreno fértil para la rebelión armada: las zonas rurales de Guerrero y Michoacán.
El asedio de la delincuencia organizada, que parece estar trasladando algunas de sus operaciones fuera de las grandes ciudades, ha tenido un impacto particularmente severo en las comunidades rurales de Guerrero y Michoacán. Además del incremento de la violencia y la incidencia delictiva, el crimen organizado ha tenido un efecto devastador sobre la actividad económica en virtud de la percepción de inseguridad, los constantes bloqueos carreteros, y el cobro de cuota sistemático a empresas mineras y productores agropecuarios. Este asedio, y la ineficacia del gobierno para ponerle fin, han propiciado que algunas comunidades consigan armas y establezcan grupos de autodefensa o policías comunitarias (aunque no puede descartarse que existan vínculos entre algunos de estos grupos y las organizaciones criminales). Se tiene registro de la existencia de policías comunitarias en al menos 29 municipios de Guerrero y nueve de Michoacán.
Además de la confrontación con la fuerza pública, y la lamentable "retención forzosa" de elementos del Ejército, las policías comunitarias ya han provocado en al menos un caso el desplazamiento de población, así como la expulsión de alcaldes (en al menos cuatro municipios de Michoacán: Aguililla, Aquila, Buenavista y Tepalcatepec)...
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