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Eduardo R. Huchim / Niños: una disparatada iniciativa

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Vincent
AutorEduardo R. Huchim

A condición de que el dato sea preciso, debe ser bienvenido el anuncio senatorial de que se reformará en 80% la disparatada iniciativa presidencial sobre niños y adolescentes, que no privilegiaba de la mejor manera los derechos de unos y otros y sí amenazaba gravemente la libertad de expresión.

El rasgo principal de esa amenaza, la de castigar penalmente infracciones de periodistas, parece estar conjurado, si son exactas las declaraciones del senador Juan Carlos Romero Hicks en el sentido de que se reencauzarán las sanciones hacia el marco administrativo. Quedan otros aspectos que deben ser atendidos.

El proyecto de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que cambiará de nombre para enfatizar los derechos por encima de la protección, fue enviado al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto el 1o. de septiembre y resultó irónico que dos semanas después ocurriera el episodio de la irritante revisión policial de niños en el Zócalo, el 15 de septiembre.

La iniciativa, que tiene carácter preferente y obliga al Congreso a dictaminarla en un plazo perentorio, fue severamente criticada por especialistas como los de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y los de instituciones como la Unicef y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ello por incluir aspectos contrarios a estándares internacionales que el aldeanismo de sus redactores les impidió advertir oportunamente.

Desde otro ángulo de análisis, la libertad de expresión habría resultado vulnerada si las disposiciones represivas se hubieran mantenido. El asunto motivó que la Sociedad Interamericana de Prensa expresara su preocupación en una carta enviada a los presidentes de las cámaras mexicanas de senadores y diputados, en la cual señaló que una ley como la planteada "pudiera ser instrumento para coartar la libertad de prensa y expresión, con el agravante de condenar a prisión a periodistas, editores y directores de medios de comunicación". En efecto, la iniciativa original establecía sanciones de hasta 140 mil días de minisalario y penas de hasta cuatro años de cárcel, y esto último contrariaba la tendencia que avanzó sensiblemente en lo que va de este siglo -es decir, en el periodo en que el PRI estuvo fuera de Los Pinos- y cuya esencia fue sacar del ámbito penal las infracciones derivadas del ejercicio periodístico.

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