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Eduardo R. Huchim / Abatir la carestía electoral

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Vincent
AutorEduardo R. Huchim

Hay consenso de que el costo de nuestros procesos electorales es altísimo y la necesidad de reducirlo es patente. Y donde será necesario construir el consenso, porque no lo hay, es sobre cómo hacer esa necesaria reducción.

Este año, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (incluido el financiamiento a partidos por casi 5,000 millones de pesos) es de 15,362 millones de pesos en números redondos. La desmesura de esta cifra, a pesar de que el monto solicitado fue reducido en casi 1,000 millones, puede apreciarse si se compara con el presupuesto de la Fiscalía General de la República, que este año tiene 15,351 millones de pesos. Es decir, FGR e INE reciben un presupuesto similar en un año en que no hay comicios federales, en tanto que los delitos no dan tregua. Por supuesto, la responsabilidad de esta situación no es del órgano electoral sino de la Cámara de Diputados, que es de esperarse asigne para 2020 un presupuesto considerablemente mayor a la FGR.

Ahora bien, para acercarse al gasto real en elecciones, al presupuesto del INE habría que sumarle el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que asciende a 2,538 millones de pesos, para un total de 17,900 millones de gasto federal. Pero todavía hay más.

Una revisión a los presupuestos de los órganos electorales de los estados (administrativos y jurisdiccionales), realizada con la colaboración de la maestra en Finanzas Laura Alicia Martínez González, arroja un total de 10,801 millones de pesos. Esta cantidad y la federal suman 28,701 millones que se están gastando en un año en que sólo hubo seis comicios locales. ¿Hay racionalidad en tamaña erogación?

Existen dos rubros muy claros donde se requiere un recorte: el financiamiento de los partidos y el gasto operativo del INE. Como acertadamente pide el consejero presidente, Lorenzo Córdova, es preciso evitar cambios mal planeados, mal ejecutados o malintencionados, y también preservar la certeza en los comicios, como lo apunta Pamela San Martín (Reforma, 11/06/19), pero también es necesario poner fin a los dispendios y excesos que frecuentemente se ponen en evidencia. Ejemplo reciente: el debate de candidatos a gobernador de Puebla fue presupuestado en 9.3 millones de pesos (Reforma, 10/04/19), mientras 25 debates en Baja California (incluidos tres de aspirantes a gobernador) costaron 960 mil pesos. ¿Por qué la gran diferencia? Porque en Puebla el organizador...

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