Eduardo R. Huchim / Una insólita controversia

AutorEduardo R. Huchim

En las últimas semanas del sexenio, una temerosa preocupación ha invadido a Los Pinos y ha llevado a la Presidencia de Enrique Peña Nieto a emprender acciones insólitas.

La preocupación tiene su origen en las investigaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, apoyadas por el gobernador Javier Corral, para acreditar algo que es sobradamente conocido, aunque raras veces se ha probado: la desviación de dinero público federal al PRI.

De ahí que la Presidencia, por conducto de su consejero jurídico, haya interpuesto el 9 de octubre de 2018 una atípica controversia constitucional ante la Suprema Corte y una semana después, el día 16, haya presentado una ampliación. La controversia 183/2018, que Reforma dio como primicia (17/10/18), impugna la solicitud y emisión de órdenes de aprehensión en Chihuahua y no sólo las existentes sino también las que no existen ("inminentes" les llama) y no sólo contra los actuales funcionarios federales, sino también contra los anteriores, además de otras cosas. Parece clara la intención de inmovilizar la indagatoria o, al menos, de saber hasta dónde ha llegado la Fiscalía.

En su ampliación, Presidencia demanda a la Corte que declare la invalidez de un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, expedido ¡hace cuatro años!, y otro del Código Penal chihuahuense, expedido ¡hace 12 años!, so pretexto de una "intromisión de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Chihuahua en el ámbito de atribuciones de la Federación".

Es decir, se busca una especie de fuero para los servidores públicos federales, de cara a los delitos que cometan en territorio de los estados, aunque -nótese la desmesura- estos sean del orden común. Y todo ello, curiosamente, en torno al caso chihuahuense, que tiene derivación a otros estados, pues declaraciones ministeriales señalan que el procesado Alejandro Gutiérrez y su hijo crearon empresas para triangular recursos al PRI también en Durango, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Sinaloa (Reforma, 21/10/18). Esas entidades, excepto Sinaloa, son o serán gobernadas próximamente por PAN o Morena, lo cual multiplica las posibilidades de problemas para el hoy Presidente, una vez que deje el cargo. En Durango ya hay incluso dos detenidos por peculado.

Argumentando que cuando la Federación ejerce sus facultades no es aplicable ningún tipo de aprobación, regulación, nulificación, investigación o proceso estatal, la Presidencia aduce lo que parece un despropósito (énfasis...

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