Eduardo R. Huchim / Nulidad

AutorEduardo R. Huchim

Al tomarle protesta como secretario de Gobernación, el presidente Felipe Calderón hizo a Fernando Gómez Mont una serie de encomiendas, entre las cuales incluyó la interlocución con los partidos políticos para dos cosas esenciales: la búsqueda y construcción de acuerdos y el fortalecimiento de "los mecanismos legales e institucionales que eviten cualquier tipo de intromisión del crimen organizado en el proceso electoral".

Si bien la otrora poderosa Secretaría de Gobernación no podrá hacer mucho para evitar la eventual presencia de los dineros del narcotráfico en las campañas, pues ya no posee las atribuciones de antaño, tiene relevancia que el Presidente se haya referido puntualmente al tema, cuya sola mención, hasta hace no más de dos años, era motivo de rechazo incluso de especialistas en la materia comicial y de soslayo por parte de los actores políticos.

La situación ha cambiado para bien, pues la mejor manera de no resolver un problema es ocultarlo o soslayarlo. En la actualidad los dirigentes partidarios, destacadamente Germán Martínez Cázares, del PAN, han emprendido diferentes acciones para hacerle frente a ese problema que se ha materializado ya en comicios locales, uno de cuyos casos es el revelado recientemente por un testigo protegido (Reforma, 21/11/08). Difícilmente podría ser de otra manera en un marco de infiltración creciente del dinero del narcotráfico en muchas actividades económicas y en muchas instituciones, algunas de ellas muy respetables. Incluso el frecuentemente contradictorio presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés Zurita, se ha ocupado del asunto y ha circulado un anteproyecto de convenio interpartidario, si bien su falta de liderazgo y de espíritu colegiado motivó inconformidades internas entre los consejeros.

Esas acciones deben ser bienvenidas, aun cuando difícilmente produzcan resultados disuasorios. Es deseable, cuando se ejecuten los eventuales acuerdos, tener presente la dificultad para fiscalizar los recursos de campaña cuya aportación sea en efectivo. En consecuencia, deberá ponerse el acento fiscalizador en la aplicación de tales dineros, es decir, en el control y contabilización de la propaganda de cualquier tipo, habida cuenta de que será la única huella del empleo de dineros ilícitos usados para la búsqueda del voto.

Existe, en cambio, un elemento cuyo poder de disuasión puede ser mayor que cualesquiera de las medidas planteadas hasta ahora. Se trata de instaurar como causal de nulidad...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR