Eduardo R. Huchim / UIF: derechos en tensión
| Autor | Eduardo R. Huchim |
El inocultable desencuentro entre dos entes del Estado, que incluso ha reclamado la atención del presidente de la República, si se escala podría dañar la lucha anticorrupción, que ha sido insignia de la Cuarta Transformación.
Durante una reunión con embajadores y cónsules, celebrada en la Cancillería el 8 de enero, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que hay unidades del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia, en obvia referencia al protagonismo del director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien ha inundado los espacios informativos con las investigaciones y la inmovilización de cuentas bancarias que realiza.
De hecho, la información de la UIF se ha convertido en un generador de confianza en que el gobierno federal sí está trabajando duramente contra la corrupción. La UIF ha creado altas expectativas sobre los resultados de esa lucha. Se espera que aumente sensiblemente el número de peces gordos en las redes de la anticorrupción. En esas expectativas subyace un gran riesgo de desencanto, de frustración, porque las acciones de la UIF constituyen sólo una parte de la lucha anticorrupción y no implican necesaria ni automáticamente que el Ministerio Público abra las respectivas carpetas de investigación.
Convendría ponerle sordina a esas expectativas porque, hasta ahora, las investigaciones e inmovilizaciones de cuentas de la UIF todavía no llevan a ningún pez gordo ante la justicia. Aunque no se ha señalado expresamente, es claro que en la FGR hay conciencia de que acciones de la UIF contribuyeron a la huida de Emilio Lozoya, ex director de Pemex acusado de varios delitos.
Ahora bien, independientemente de los aspectos concretos y pragmáticos del desencuentro, importa detenerse en los derechos involucrados en este asunto y que, desde mi óptica, han entrado en tensión. Convendría que el asunto llegara a la Suprema Corte en algún momento, para fijar definiciones y rieles por los que debe discurrir la actuación de entes públicos.
El fiscal general ha hablado de irrespeto a la presunción de inocencia, el cual podría implicar, en ciertos casos, una violación al debido proceso.
Sin embargo, también está el derecho de la sociedad a la información, garantizado por el artículo sexto de la Constitución, con su trípode de buscarla, recibirla y difundirla. En el caso de las investigaciones de la UIF, ese derecho parece estar colmado. No obstante...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba