Endurecen defensa al derecho ambiental

AutorIván Sosa

Con la reciente creación de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como de la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales de la Procuraduría capitalina, cualquier persona puede ahora exigir que se evite la contaminación en agua, suelo y atmósfera o ayudar a cuidar las zonas ecológicas del DF.

Además de estas instancias, en caso de tratarse de una conducta que lesione el ambiente en el ámbito de la legislación federal, como puede ser el tráfico de especies en peligro de extinción o arrojar residuos industriales peligrosos, los capitalinos pueden acudir a la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

También la Comisión de Derechos Humanos del DF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reciben quejas ciudadanas en materia ambiental, pues el derecho a un entorno sano es una garantía individual consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política.

"Todos los agentes del Ministerio Público tienen obligación de recibir de cualquier persona la denuncia de un hecho que pueda configurar un delito ambiental", definió Patricia Zamora, titular de la Fiscalía Especializada creada el 12 septiembre por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, explicó su titular Enrique Provencio, tendrá la obligación de recibir cualquier denuncia interpuesta, siempre y cuando sobre el acto demandado previamente se haya ejercido un acto de autoridad.

"Si el particular está insatisfecho con la respuesta que la autoridad dio a su denuncia, entonces podrá acudir a nosotros, que tendremos la obligación de investigar y después emitir una recomendación al Poder Ejecutivo o una sugerencia al Legislativo", dijo Provencio.

El reglamento interior de la Procuraduría, cuyo consejo de gobierno fue instalado el 18 de octubre pasado en la sede del GDF, está en proceso de elaboración y en él se detallarán los requisitos que deberán seguir los ciudadanos al presentar denuncias y los procedimientos a los que se sujetará la institución.

Se trata de un ombudsman ambiental que no sancionará directamente, pero sí podrá recomendarle al Ejecutivo que cumpla con las normas ambientales reclamadas por la ciudadanía o sugerirle a la Asamblea Legislativa que regule algún aspecto específico, subrayó Provencio.

A pesar de que las instituciones del Ejecutivo no están obligadas a recibir las...

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