Enrique Krauze / Por la justicia, contra la corrupción

AutorEnrique Krauze

Todos (o casi todos) queremos vivir en un país donde quien infrinja las leyes -empezando por las leyes que protegen la vida humana- sea aprehendido, juzgado y condenado con un debido proceso y de manera proporcional al delito cometido. Todos sabemos que estamos muy lejos de ese piso mínimo de seguridad y convivencia. Y todos conocemos, desde hace años, historias de desvergüenza política y horrorosa violencia que nos mueven al desánimo y la desesperanza pero que, en días recientes, han derivado en una justificada y natural indignación social. No hay duda: la construcción de un "Estado de derecho" es la primera prioridad nacional.

Entre los muchos y complejos obstáculos que tiene México para fincar el imperio de la ley, quiero referirme a dos, que hunden sus raíces en la historia: la supeditación de la justicia al poder y la corrupción política.

Los liberales de la Reforma pusieron el respeto a la ley en el centro de sus vidas. Por eso desconfiaron de las vías de hecho y confiaron en el derecho como el único instrumento que nos permite vivir en pacífica convivencia y no sometidos a la voluntad del rey, al coro que lo aclama o a los violentos de la hora. Por eso intentaron fortalecer la división de poderes: muchos de ellos, con gran orgullo, fueron jueces y legisladores.

La era de Porfirio Díaz dio cierta continuidad a ese proyecto liberal en el ámbito civil, pero Díaz desvirtuó el cumplimiento de la Constitución y quitó cualquier vestigio de independencia al Poder Judicial. Y algo más: en su largo reinado, el crimen y el delito se reprimieron discrecionalmente desde el poder presidencial (salvando "buena sangre" y derramando "mala", como dijo Díaz en 1908).

El régimen de la Revolución Mexicana trastocó de varias formas el respeto a la ley. Los gobernantes del PRI continuaron la escuela porfiriana de someter al Poder Judicial y monopolizar la procuración de justicia. Esta politización en el proceso de perseguir el crimen y juzgarlo se convirtió en fuente de corrupción.

En años recientes ha habido ciertos avances. La Suprema Corte es autónoma. Pero la procuración de justicia, con todo su gigantesco aparato policíaco, no lo es: depende del Poder Ejecutivo (como el "Procurador del rey" en la tradición monárquica). Una idea práctica para remontar este obstáculo sería crear la figura del Fiscal General independiente.

No creo que la corrupción (y, en general, el desdén, la laxitud o el franco cinismo ante la ley) corresponda a un supuesto DNA...

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