Esperan 11 años por una sentencia

AutorAline Corpus

MEXICALI.- Cinco acusados de tres homicidios cumplieron 11 años en prisión preventiva sin que se les haya dictado sentencia, es decir, no se ha podido comprobar su culpabilidad en los casos.

El litigio está atorado debido a la burocracia del sistema penal tradicional.

Las audiencias se han retrasado en el Poder Judicial por diversos motivos, desde que cambiaron el caso de juzgado al pasar al nuevo sistema de justicia penal, hasta la ausencia de los testimonios de agentes que hicieron las detenciones.

Los abogados Alma Araujo y Rubén Amaya ganaron ya un amparo indirecto el 14 de diciembre de 2018, por la violación a los derechos humanos por el excesivo tiempo de prisión preventiva.

Un Juez de Distrito le ordenó a la Jueza Única de lo Penal "culminar el proceso a la brevedad posible".

"Al resultar indudable la violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que engloba el precepto 17 Constitucional", indica la resolución del Juez federal.

El 28 de mayo de 2007, cinco personas fueron acusadas de homicidio calificado, agravado por pandillerismo, de tres personas en Mexicali y el caso fue enviado al Juez Cuarto Penal.

Doce agentes ministeriales detuvieron a los señalados en diversos lugares.

En algunos casos forzaron puertas y ventanas, los sacaron de sus domicilios con sábanas en la cabeza y los llevaron a un lugar desconocido para golpearlos, según el amparo interpuesto.

Sin embargo, los agentes aseguraron en el parte informativo que hicieron la detención de ellos en la vía pública.

La ausencia de los agentes ministeriales en las comparecencias, la tardanza en el desahogo de pruebas de inspección, la carga de trabajo argumentada por el Poder Judicial e incluso la suspensión de labores de esa autoridad por un sismo de abril del 2010, han retrasado el caso.

Los agentes ministeriales comparecieron en el juicio hasta cuatro años y dos meses después de ocurrida la detención, para llevar a cabo una inspección judicial, es decir, una sola prueba.

Los careos procesales de los diversos testigos de cargo y descargo se ordenaron hasta el 22 de agosto del 2014, pero solo se celebraron algunos porque no todos los agentes se presentaron.

Desde el 11 de junio de 2007, a los cinco presuntos implicados se les dictó auto de formal prisión.

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