De la expropiación a la 'apertura'

AutorKarla Garduño Morán

Las empresas petroleras extranjeras, que hace 70 años salieron del país tras la expropiación decretada por Lázaro Cárdenas, trabajan desde hace décadas en México asumiendo labores que según la ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional corresponden exclusivamente a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, como el transporte de crudo y la producción de gas y petróleo.

A partir de una reforma hecha a esta ley reglamentaria en 1995, áreas como el transporte, almacenamiento y distribución de gas asociado, así como la petroquímica, se abrieron al capital privado, pero aquellas que continúan reservadas a la paraestatal están siendo igualmente desarrolladas por empresas transnacionales.

Según el artículo tercero de la ley reglamentaria del artículo 27, sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que implican la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, el gas y los productos que se obtengan de la refinación, además de la distribución y ventas de los petroquímicos básicos.

En la práctica, bajo el esquema de los llamados Contratos de Servicios Múltiples, se ha cedido la producción de gas natural a particulares. Del 2003 hasta ahora se han licitado siete bloques en la región de la Cuenca de Burgos (que según datos de la Sener produce el 25 por ciento del total del gas en el territorio) para que el mismo número de empresas ejecuten las obras de "infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado", que implican la producción del hidrocarburo.

La española Repsol, la brasileña PTD Servicios Múltiples (Petrobras), la texana Lewis Energy, y cuatro mexicanas: Servicios Múltiples de Burgos, Industrial Perforadora de Campeche, Desarrollo y Servicio Petrolero y Monclova Pirineos Gas han ido obteniendo los bloques de la cuenca para producir gas no asociado, el cual no entra en las excepciones al artículo tercero de la ley reglamentaria.

Desde el 2003, cuando se firmaron estos contratos, especialistas y legisladores advirtieron de su probable ilegalidad: "Los Contratos de Servicios Múltiples transfieren renta petrolera a los contratistas sin haber asumido el riesgo de la exploración. Lo correcto es que el Estado se quede con toda esa renta por ser el propietario del recurso y el que asumió el riesgo", señalaba el economista de la UNAM Víctor Rodríguez Padilla, en un estudio presentado a la Cámara de Diputados.

Legisladores priistas y perredistas interpusieron una demanda de inconstitucionalidad por los primeros contratos, pero en el 2005 el juez federal Fernando Rangel declaró que los promoventes carecían de personalidad jurídica para cuestionarlos.

"Ahí hay actos de ilegalidad muy grandes", asegura el senador perredista Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía, "son actos de corrupción para favorecer intereses privados, en lugar de haber hecho una planeación de perforación y ahorro del gas que quemamos en los pozos petroleros y haber desarrollado tecnología para empezar a utilizar ese gas y favorecer también a mediano y largo plazo la perforación de pozos de gas seco".

Contratos de obra

Algo similar a lo que sucede en la Cuenca de Burgos se da en otras áreas de la producción de petróleo crudo. A partir de la firma de contratos de obra, varias compañías internacionales están llevando a cabo trabajos de perforación y producción en pozos petroleros, una actividad que constitucionalmente sólo le corresponde a Pemex.

Aunque apegándose al artículo sexto de la ley reglamentaria la paraestatal puede celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que requiere, en sentido estricto la actividad de perforación y producción le toca sólo al Estado.

"Es una forma de privatización, porque innecesariamente se transfieren a estas compañías actividades, empleos e insumos que podrían ser de Pemex. Sin necesidad, se está abriendo cada vez más la participación de actividades que deberían estar reservadas al Estado", dice Francisco Garaicochea, presidente del grupo Constitución de 1917.

De los 44 pozos en desarrollo perforados en 2007, la mitad fueron excavados por Pemex y la otra mitad por Mexdrill Offshore, Mexico Drilling Limited, TDCO México, Sam Noble, Goimar, Nabors y Noble Drilling.

Además, el año pasado se firmaron contratos por 4 mil millones de pesos con...

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