Federico Reyes Heroles / Mordaza
| Autor | Federico Reyes Heroles |
Quizá fueron las pasiones en contra de los medios, quizá el espectáculo de ver confrontados a los legisladores con los rostros más visibles de las pantallas, quizá el morbo por el ánimo vengativo de "cortar cabezas" a los consejeros del IFE, quizá la distracción generalizada que priva ante el bombardeo de noticias amarillas, quizá el desconocimiento de las normas vigentes y de los principios subyacentes y también de las propuestas y sus consecuencias, causas puede haber muchas. El hecho concreto es que la opinión pública parece no haberse percatado de las varias amenazas a las libertades ciudadanas encerradas en la reforma política. Comienzo por la más ominosa.
Nuestra libertad de expresión está amenazada. No es una exageración. De prosperar la reforma propuesta nuestra libertad de expresión, consagrada en el artículo 6o. constitucional, será intermitente. Durante los periodos no electorales los ciudadanos y las agrupaciones de cualquier tipo podrán contratar espacios en los diferentes medios, escritos o electrónicos, para dar libre expresión a sus ideas. Pero para los periodos electorales se propone el siguiente párrafo: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".
La novedad legislativa establece con toda claridad que los partidos políticos no podrán contratar por sí mismos o por terceros tiempos en radio y televisión. Lo cual es correcto, se centraliza, como en muchos países, el uso de los recursos públicos para garantizar un juego parejo de los medios frente a los diferentes candidatos. También está prohibida, y es correcto, la triangulación de recursos, es decir, que una empresa o un grupo ciudadano compren propaganda a favor del candidato X o Y. Correcto. Lo que resulta groseramente violatorio del artículo 6o. constitucional es impedir que los ciudadanos por sí mismos, a título individual o agrupados, puedan contratar con recursos privados formas de expresión de sus ideas y de comunicación con sus conciudadanos. Se trata de un gravísimo retroceso en nuestras libertades básicas.
El argumento para llegar a esta aberración se construyó así, de hecho nace de un prejuicio contra los empresarios. Se piensa que los señores de los dineros son los únicos que pueden contratar ese tipo de...
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