Ferrocarrileros en Sonora: Cuando nadie sabe para quién trabaja
| Autor | Fernando Del Collado |
Hermosillo.- Mariano Arvizu, trabajador ferrocarrilero por más de 42 años, jubilado y líder sindical en los setenta, recurre a un conocido refrán -"a río revuelto, ganancia de pescadores"- para describir la situación que viven sus agremiados en Sonora desde la licitación de la ruta Pacífico Norte de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales):
"Aquí las ganancias de este río revuelto han sido para los licenciados laboralistas y los jefes administrativos de Ferronales. Y la basura de la marea baja nos tocó a nosotros, los trabajadores".
Este río revuelto asemeja un maremoto cuyos oleajes parecen arrastrar toda una cadena de irregularidades que abarcan a bufetes de abogados y se extienden a los directivos de Ferronales y de la Junta Especial número 23 de Conciliación y Arbitraje, ubicada en esta ciudad y dependiente de la Secretaría del Trabajo.
Un mar revuelto cuyos antecedentes se remontan a 1992 y que llega a su máximo nivel en el segundo semestre de 1998, cuando Ferronales dio por concluida la relación contractual con sus trabajadores.
Una tormenta legal que desencadenó la mayor oleada de demandas laborales contra Ferronales a partir de su licitación: a nivel nacional suman 10 mil quejas; tan sólo en la Junta 23 de Hermosillo se concentra poco menos de la mitad.
Se trata de 4 mil 772 demandas presentadas por los trabajadores contra la paraestatal hasta marzo último. De ellas, el 95 por ciento de mil 672 laudos han sido ganados por los ferrocarrileros, cuyo pago se ha cargado al erario nacional. Aún persiste un rezago que asciende a 3 mil 100 expedientes.
Aunque las autoridades administrativas de Ferronales dicen desconocer la cantidad que han pagado durante siete años de litigio, el monto podría ser tan jugoso como las querellas que todavía restan por pagar.
Fechado el 24 de enero del año en curso, un informe de las propias autoridades de Ferronales establece como pendientes un total de 2 mil 314 demandas en su contra únicamente en Hermosillo, cuyo pasivo contingente -es decir, la cantidad máxima que podrían perder en caso de no ganar el total de esos juicios- alcanza la cifra de mil 359 millones 30 mil 303 pesos.
El abogado laboral de Ferronales, Juan Palma Hernández, documenta que del total de las 3 mil 100 demandas pendientes por resolver en Hermosillo, el 60 por ciento corresponden a denuncias presentadas por jubilados que reclaman aumentar el pago de su pensión, el 30 por ciento solicita el otorgamiento de ésta y el 10 por ciento restante corresponde a demandas que van desde pagos por accidente de trabajo hasta prestaciones varias.
Con todo, los protagonistas de este boom de denuncias parecen estar entrampados en su propio oleaje.
Los despachos de abogados laborales se quejan de la falta de celeridad por parte de las autoridades para resolver las demandas y acusan a la Junta 23 de corrupción. Esta última, por su parte, reclama a los abogados haberse enriquecido a costa de los trabajadores y les revira: son ellos los que están en contubernio con Ferronales para sacar provecho económico de las demandas.
Las autoridades administrativas de Ferronales responden que las demandas son injustificadas, niegan todo contubernio con los abogados y advierten que no cuentan con presupuesto para dar respuesta a las demandas de sus ex trabajadores.
Como un reguero de pólvora
Una primera remesa de seis demandas presentadas en solitario por trabajadores ferrocarrileros en 1992 para solicitar su nivelación de pensión, y a quienes se les otorgaron laudos a su favor en un tiempo no mayor a los cuatro meses de litigio ante la Junta 23, pareció ser la señal de aviso que después se propagó como pólvora entre los demás abogados de la capital sonorense.
Desde entonces, cinco despachos han concentrado el 98 por ciento de la totalidad de las denuncias contra Ferronales. Se trata de la firma de los abogados Raymundo So Urquijo, Alfonso Dávila Payán, Jesús Pacheco Becerril, Martín Millares Gaxiola y Miguel Angel Rodríguez Ochoa. Todos licenciados por la Universidad de Sonora y con experiencia como litigantes desde finales de la década de los setenta.
En promedio, cada despacho ganó 350 demandas hasta mayo de 1999 y aún tienen pendientes, como promedio, 650 demandas a resolver por cada despacho.
Uno de los abogados con mayor número de casos en la Junta 23, Raymundo So Urquijo, de la firma So y Ponce, reconoce el auge de demandas presentadas en esa región:
"Estamos ventilando demandas en buen número desde 1992 hasta la fecha, porque desde esa fecha se da el proceso de adelgazamiento de Ferronales con vistas a la privatización. Estamos hablando de mil 800 a 2 mil demandas que mi despacho ha metido".
-De esas, ¿cuántos laudos se han cumplido?
-Me quedarán ahorita alrededor de unas mil demandas en trámite.
-De las 800 en que ya se definió el laudo, ¿qué porcentaje han sido en favor de los trabajadores?
-Un 99 por ciento. Y es que los trabajadores se vieron víctimas de una gran injusticia por parte de Ferronales. No podría ser de otra manera. Cuando la mayoría de los trabajadores laboró para la empresa del Pacífico Norte, que después se fusionó con Ferronales, se pactó que mantendrían vigente el clausurado que les fuera más favorable. Pero resulta que a esos trabajadores, a la hora de ser liquidados, se les aplicó el clausurado más desfavorable. Normalmente el clausurado más favorable venía del Pacífico Norte. Sin embargo, en el momento de la jubilación se les cumplieron conforme al contrato de Ferronales. Por eso se han dado esa serie de juicios -explica So Urquijo.
Demandas en solitario y en grupo
Arropados por esa ambigüedad en las cláusulas de los dos distintos contratos colectivos de trabajo, los despachos han hecho de ello su argumento legal más sólido. Y también su agosto.
Lo paradójico es que en Sonora, desde 1992 hasta 1999, el total de trabajadores liquidados corresponde a mil 989 y según datos de Ferronales, sólo hay 2 mil 569 trabajadores ferrocarrileros jubilados (según un registro hecho por Mariano Arvizu, ex líder sindical de la sección ocho en Empalme, sólo en esa localidad han muerto el 10 por ciento del total de jubilados, lo que ha reducido el número de trabajadores potencialmente...
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