Empresa/ Filo de la navaja
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
Si para el sector privado el epicentro de la desconfianza se centra en la palabra expropiación... por más que sólo el Consejo Coordinador Empresarial se atrevió a una condena abierta, en la oposición existe el temor de una acción selectiva y al final del día inconsistente.
Las razones son simples: si la operación por razones de interés público la justificó el ordeñamiento voraz de las empresas, en cumplimiento impecable al acierto lopezportillista que habla de empresas pobres y empresarios ricos, por qué no se actuó en consonancia con las firmas que arrastran colosales adeudos rescatados por el Fobaproa, cuya posibilidad de acción judicial se dejó prescribir dolosamente.
De hecho, se da el caso de que al menos media docena de ingenios sobrevivientes al decreto expropiatorio están justo en esa tesitura, es decir, se ubican en la lista negra de préstamos reportables o irregulares elaborada por el auditor canadiense Michael Mackey.
Ahora que si el problema era la persistencia de los industriales azucareros en desviar los recursos públicos a título de rescate, subsidio, fomento o apoyo con que se planteó una y otra vez la posibilidad de sobrevivencia, asumiendo tal vez que el barril carecía de fondo, por qué no aplicarles, como dirían los clásicos, todo al peso de la ley, es decir meterlos a la cárcel.
Por lo demás, si el meollo del asunto eran las deudas acumuladas desde el sexenio salinista en la Financiera Nacional Azucarera, bajo qué criterio se realizó la selección de quienes tenían bola negra.
¿Por qué, para decirlo con todas las letras, no se incluyó a los 13 ingenios restantes que estaban en situación similar a los grupos expropiados que encabezan Enrique Molina Sobrino, Juan Gallardo Thurlow, Teresita Machado y Alberto Santos De Hoyos, de los cuales al menos dos de ellos, "La Concepción" y "Prosuc", acumulan una cartera vencida en condiciones proporcionales?
Y si nos metemos a otros ángulos, ¿por qué, el Gobierno no promovió la intervención de las empresas productoras de azúcar con cargo a la caja, para garantizar el ejercicio estricto de los ingresos hacia los fines previstos?
Más allá, ¿por qué, en su calidad de acreedor mayoritario, el Gobierno no planteó ante un Juez la posibilidad de declarar en quiebra a los ingenios, como se hizo, por ejemplo, con empresas deudoras de Nacional Financiera como la Minera de Cananea?
Lo cierto es que los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar la medida se plantean como difíciles de...
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