Francisco Abundis L. / ¿Legisladores o censores?
| Autor | Francisco Abundis L. |
Caracterizada por ser dinámica, versátil, cambiante y difícil de predecir, la opinión pública cada vez cobra más fuerza. Aun en las democracias más consolidadas asume constantemente nuevas formas de influir o manifestarse: puede iniciar escándalos políticos, cambiar viejas tradiciones, magnificar problemas que se consideraban sin importancia y dar visibilidad a grupos marginales. Incluso puede hacer que primeros ministros, presidentes o corporaciones sean cuestionados por sus acciones al ser evaluados por el público en general.
Uno de los aspectos más evidentes del poder de la opinión pública se manifiesta en su dimensión electoral. Si bien es parte de nuestra realidad democrática hacer mediciones electorales públicas, no deja de ser un elemento indiscreto.
El simple hecho de hacer pública la información de mediciones electorales inevitablemente beneficia a algunos grupos y perjudica a otros, y también se ha convertido en una forma común de propaganda política.
Hoy es común encontrarnos con la difusión de datos electorales por parte de grupos involucrados en una contienda. Pueden ser desde filtraciones o inserciones pagadas de estudios de opinión serios, hasta la publicación de datos creados que no se sustentan en ninguna investigación.
A la clase política en general y a las autoridades electorales en particular, esta difusión provoca la sensación de no estar en control del proceso electoral. Es lógica la intención de algunos legisladores de intentar controlar la difusión de las encuestas. Pero este escenario nos lleva a la discusión de varios temas que, por cierto, no son exclusivos de nuestro país.
La primera discusión es de orden teórico y metodológico y versa sobre si las mediciones electorales o de opinión pueden afectar o no el comportamiento electoral. Es un debate no resuelto, pues no tenemos evidencia empírica suficiente para responder al cuestionamiento.
Hace dos semanas, los diputados locales aprobaron modificaciones a la ley electoral de Zacatecas. Esta reforma parece ignorar algunas de las discusiones que hemos señalado y resulta muy cuestionable por lo menos en dos aspectos: 1) nombra al Consejo Electoral autoridad para evaluar la metodología de los estudios electorales o de opinión, y 2) se arroga el derecho de conocer los resultados de cualquier estudio electoral antes de su publicación.
Lamentablemente este caso no es aislado. También están las legislaciones electorales de Hidalgo, Coahuila, San Luis y Querétaro, que...
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