Frontera Invisible/ Nunca es tarde para enmendar un error
| Autor | Sergio Muñoz Bata |
Un persistente juez federal de Sacramento, California, Lawrence K. Karlton ha logrado revivir la esperanza de unos 350 mil inmigrantes indocumentados que llevan 16 años intentando acogerse a la amnistía inscrita en la ley de migración de 1986.
En esa ocasión, más de 3 millones de personas indocumentadas, más de la mitad de las cuales eran mexicanas, tuvieron la oportunidad de regularizar su situación migratoria. Hubo también muchas otras personas cuyas solicitudes de amnistía fueron rechazadas por los empleados del Servicio de Inmigración por haberse ausentado del país temporalmente.
La Ley de Inmigración de 1986 exigía como requisito a quienes aspiraban acogerse a la amnistía haber residido en el país continuamente desde el 1 de enero de 1982. La ley también señalaba que una ausencia "breve, causal e inocente", no era causa suficiente para descalificar a un solicitante. Sin embargo, cuando el Servicio de Inmigración expidió las reglas que regirían en la aplicación de la ley, descalificó a todos aquellos inmigrantes ilegales que hubieran salido del país aunque hubiera sido por un periodo muy breve. Si bien la amnistía benefició a inmigrantes provenientes de muchos países del mundo, la inmensa mayoría de los aceptados y de los rechazados fueron mexicanos y centroamericanos.
Esta interpretación tan rigurosa y excluyente de la ley hecha por el Servicio de Inmigración perjudicó a los solicitantes de dos formas. En primer lugar, facilitando el rechazo a quienes presentaron la solicitud y declararon la ausencia. Por otro lado, tuvo también un doble carácter inhibitorio dado que a muchos solicitantes ni siquiera se les permitió presentar el formulario y otros ni siquiera intentaron buscar la amnistía suponiendo que la breve ausencia los descalificaría.
Estos contratiempos, sin embargo, no evitaron que ese mismo año, 1986, muchos de los inmigrantes inconformes con la decisión del Servicio de Inmigración se organizaran y buscaran protección legal del abogado Peter Schey y de su Centro por los Derechos Humanos y la Ley Constitucional. Representados por Schey, los inmigrantes presentaron una demanda legal contra la agencia gubernamental.
A partir de esa fecha, la demanda entró en un remolino de decisiones legales. En junio de 1988, el juez Karlton sacó su primer veredicto declarando que el lenguaje utilizado en las reglas del Servicio de Inmigración era inconsistente con el lenguaje establecido en la ley. Exigió, además, que se les otorgara a los...
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