La frustrada Ley Antiaborto: Historia de un enredo panista

AutorFernando del Collado

Finalmente, el 29 de agosto, la cruzada en Guanajuato terminó. El gobernador Ramón Martín Huerta decidió vetar lo que sería una enmienda al artículo 163 del Código Penal, destinada a castigar hasta con tres años de prisión a las mujeres violadas que abortaran. El Ejecutivo estatal, con base en una encuesta de opinión entre la ciudadanía de la entidad, prefirió devolverla al Legislativo, de donde -a su parecer- no debió salir sin una revisión "a fondo". Los guanajuatenses así se lo demandaban.

Fue el colofón de una polarización en la sociedad que se extendió por todo el territorio nacional, exacerbó las posturas en torno a la penalización del aborto y dio origen en otras entidades a modificaciones en sentido contrario, para aumentar las causales de no punibilidad.

Una historia de película. Cincuenta y siete días de enredos palaciegos, arreglos clientelares y reguero de hipótesis propias del espionaje político. Días de sorpresas y sobresaltos. Semanas de presiones e intrigas en un caso que terminó por estigmatizar a toda una fracción parlamentaria panista.

Y que, de paso, postergó aún más la promulgación de un renovado Código que llevaba en la antesala de su dictaminación más de tres años, desde que la pasada legislatura estatal, el 1o. de agosto de 1997, presentó una iniciativa de ley para crear un nuevo Código Penal para el estado de Guanajuato.

Los antecedentes

Animada por la redacción del nuevo Código, la actual legislatura retomó de su antecesora la iniciativa y se aplicó a esa tarea. El punto, consensuado por todas las fracciones partidistas del Congreso estatal, fue puesto como prioridad en la agenda parlamentaria presentada el 20 de enero de 1998.

A partir de esa fecha, las 19 comisiones que integran la Cámara de Diputados participaron con propuestas e iniciativas de ley. Una Comisión Especial para la preparación de un anteproyecto de dictamen del Código Penal del Estado de Guanajuato, existente desde agosto de 1997, fue reestructurada para recibir y revisar las nuevas propuestas. A la comisión especial se sumaron representantes del Ejecutivo estatal, del Poder Judicial, académicos, juristas y voceros de los tres partidos mayoritarios en Guanajuato: Juan Carlos Peña León, del PAN; Manuel Herrera, del PRI; y Paulino Lorea, del PRD.

En dos años y ocho meses de labores, la Comisión de Justicia realizó cuatro foros de consulta abierta a la ciudadanía en las ciudades de Celaya, León, Irapuato y en la capital del estado, con la intención de recibir propuestas y aportaciones para la elaboración del nuevo Código. En ninguno de esos foros la Comisión de Justicia recibió iniciativas en torno al tema del aborto.

De igual modo, en ninguna acta o minuta de las reuniones de trabajo en ese periodo, que llevó a la revisión de cada uno de los artículos, quedó asentado que la fracción parlamentaria del PAN no estaba de acuerdo con la redacción final del 163 y mucho menos dejaron precedente de que se presentarían al pleno con alguna reserva en relación con ese tema.

El único punto que fue discutido dentro de la Comisión de Justicia -integrada por dos representantes del PAN, José Miguel Cortés Lara y Francisco Javier Chico Goerne; dos más del PRI, José Aben Amar González Herrera y Rubén García Farías, y una diputada del PRD, Martha Lucía Micher Camarena- fue sobre el tope máximo de tres meses para que la mujer víctima de una violación pudiera interrumpir su embarazo.

"En relación con el plazo no pudimos ponernos de acuerdo, ya que el PAN proponía un plazo de una semana después de realizada la violación, y entre el PRD y el PRI nos parecía que debíamos de ampliarlo. Cada grupo presentó sus razones y se llegó al acuerdo de dejar fuera el plazo, pero en lo que sí hubo consenso fue en la redacción final del artículo 163, fracción II, que marcaba que no sería punible el aborto cuando se provoque o consienta por la mujer embarazada en caso de que el embarazo sea producto de una violación y previamente se hubiera presentado la denuncia correspondiente y los peritos del Ministerio Público expidan el certificado médico", recuerda la diputada Micher.

Esa redacción, la de la fracción II del artículo 163, junto con la elaboración final del anteproyecto del Código Penal, fue firmado por unanimidad entre los cinco miembros de la Comisión de Justicia. Los mismos panistas, Miguel Cortés y Javier Chico, firmaron el dictamen para enviarlo a discusión. Sin embargo, meses después, cambiarían de opinión.

Todo parecía estar consensuado y listo para su discusión. La propia Comisión de Justicia había fijado llevarlo al pleno el día 29 de junio último. Era una fecha que en el seno de la Comisión inquietó por su cercanía con las elecciones federales del 2 de julio.

Micher recuerda que el mismo día en que estaba programada la aprobación del Código, por acuerdo de la Comisión, se decidió posponer la discusión una vez que pasaran los comicios. "Fue un acuerdo consensuado entre todos los miembros", rememora.

El coordinador de la fracción panista local, Ricardo Torres Origel, coincide con esa versión: "Yo seré lo que quieras, pero la prudencia política para mí siempre ha sido fundamental en mi actuación como legislador. Se atravesaba el proceso electoral y, prudentemente, solicité al presidente de la Comisión de Justicia y a mis diputados que difirieran el dictamen, porque queríamos conservar sin contaminación el proceso electoral. No queríamos meterle más ruido. De tal manera que el dictamen se fue posponiendo y en la sesión del 29 de junio, presionamos y logramos brincar el 2 de julio para que el Código se dictaminara después. Finalmente la Comisión de Justicia nos pide a la de Régimen Interno que se pusiera en la orden del día del 3 de agosto".

La operación

Fue en ese lapso, entre el 29 de junio y el 3 de agosto, que el coordinador de la fracción panista, Ricardo Torres Origel y el también diputado y presidente del Comité Estatal del PAN, Gerardo de los...

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