Ganan las protestas
REFORMA / Redacción
La cancelación del proyecto Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, que tan sólo en estudios de viabilidad costó al Gobierno federal unos 60 millones de pesos, fue el ejemplo más claro de cómo las protestas sociales se impusieron a la negociación este año que termina.
Durante el 2002, los conflictos sociales rebasaron la capacidad de las autoridades para negociar y muchas de las soluciones que se encontraron para poner fin a las marchas, los bloqueos de carreteras, las tomas de oficinas federales o el secuestro de funcionarios públicos estuvieron condicionadas a la magnitud de las protestas.
En Texcoco, después de 10 meses de protestas, que incluyeron secuestros de funcionarios, enfrentamientos con cuerpos de seguridad, procesos en contra de los líderes de los ejidatarios opositores a la construcción del aeropuerto, la Alcaldía de Atenco tomada por la población, e incluso la muerte de un ejidatario, el Gobierno federal tomó la decisión de cancelar el proyecto.
En relación con el campo, las protestas aventajaron a la capacidad de respuesta del Gobierno federal -que involucró a varias Secretarías de Estado, entre ellas Sedesol, Sagarpa y Gobernación- para el que resultó más fácil negociar con organizaciones campesinas en el marco de una movilización que dar soluciones a largo plazo al sector.
Así, las tomas y bloqueos de oficinas federales, particularmente de Sedesol, por parte de organizaciones campesinas, se levantaron a partir de que los inconformes recibieron ofrecimientos de recursos inmediatos del Gobierno foxista.
Tan sólo entre octubre y diciembre pasados, al menos en tres ocasiones la sede central de la Sedesol en la Ciudad de México fue tomada por organizaciones campesinas que en la mayoría de los casos exigían al Gobierno federal -y obtuvieron- recursos para atender la crisis en el sector a nivel local.
El 2 de octubre, integrantes del Frente Popular Revolucionario, apoyados por gente del CGH de la UNAM, tomaron la Sedesol en la Ciudad de México para exigir diversos apoyos para municipios de Guerrero. Los obtuvieron.
El 20 de noviembre, productores de sorgo y maíz de Morelos consiguieron la promesa del Gobierno federal de recibir 3 mil 500 pesos por cada una de las 40 mil hectáreas afectadas por la sequía en el oriente de la entidad, como condición para levantar el bloqueo de la carretera México-Cuernavaca.
También la Central Campesina Cardenista, encabezada por Max Correa, aceptó 3 millones de pesos a fin de suspender el bloqueo a las instalaciones de Sedesol, el 26 de noviembre.
A estas manifestaciones se sumaron las movilizaciones de organizaciones campesinas para exigir una moratoria a la entrada en vigor de la cláusula del TLCAN que libera aranceles de diversos productos agropecuarios entre los tres socios a partir del 2003, las cuales llegaron a su punto climático cuando, después de marchas en la capital del País y plantones en la Cámara de Diputados y el Senado, el martes 10 de diciembre barzonistas ingresaron al recinto legislativo de San Lázaro con caballos.
Los bloqueos de carreteras también se popularizaron en el 2002, lo mismo en asuntos relacionados con el campo que con conflictos pesqueros en Sinaloa, o con protestas por la cancelación de los subsidios a las tarifas de luz en el norte del País.
Fracasa Gobierno en Atenco
El 22 de octubre del 2001, el Gobierno federal anuncia que la nueva sede del aeropuerto capitalino será en terrenos de Texcoco y expropia 5 mil 391 hectáreas.
Durante los meses siguientes, los ejidatarios afectados por el decreto expropiatorio realizan, machete en mano, diversas protestas y marchas en la capital del País y en el Estado de México, que llegan a su clímax en julio del 2002 en un enfrentamiento con policías mexiquenses, a raíz del cual 11 personas fueron retenidas durante varios días por habitantes de San Salvador Atenco, que exigían la libertad de sus líderes presos tras los hechos violentos. Un labriego murió el 24 de julio.
El 1 de agosto, el Gobierno federal anuncia la cancelación del proyecto Texcoco. La Iniciativa Privada arremete contra el Presidente Vicente Fox por esta decisión y la oposición en el Congreso responsabiliza al Secretario de Gobernación, Santiago Creel, del fracaso en la negociación con los ejidatarios.
$60 millones costaron al Gobierno federal los estudios de viabilidad del aeropuerto.
dls. 2 mil 863 millones era la inversión que se prevía para el proyecto...
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