Gastan $650 mil al mes en 80 testigos protegidos
| Autor | Abel Barajas |
Desde principios de la actual administración, el Ejército mexicano se convirtió en el responsable de la custodia de un aproximado de 80 testigos protegidos de la Procuraduría General de la República, dependencia que tiene registrados a 90 personas bajo ese programa de beneficios legales.
Al mes, la PGR gasta cerca de 650 mil pesos en ayudas para presuntos miembros de organizaciones delictivas que acceden a colaborar con la autoridad.
A cada uno de los testigos se les otorga escolta, chalecos antibalas, blindaje de vehículo, cambios de domicilios y reciben al mes un pago promedio de 7 mil 500 pesos para sus gastos en casas de seguridad, discretamente resguardadas, que se ubican en diversas ciudades del país.
De acuerdo con datos oficiales, el 90 por ciento de los actuales "colaboradores" de la PGR tuvieron algún tipo de relación con el narcotráfico. El 10 por ciento restante está vinculado a fraudes, extorsiones y delitos financieros que tienen como origen un ilícito distinto al de las drogas.
Desde mayo de 1996, cuando entró en vigor la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el resguardo de quienes decidían acogerse a este programa -que les devuelve un relativo grado de clandestinidad- estaba a cargo de elementos de la entonces Policía Judicial Federal, hoy Agencia Federal de Investigación.
En el sexenio pasado ocurrieron los homicidios de tres testigos cuyas declaraciones aún son motivo de litigios y debates sobre su credibilidad: Tomás Colsa McGregor, muerto en 1997; Jaime Olvera Olvera, quien fue asesinado en agosto de 1998, y Humberto Cappelletti González, ejecutado en el 2000.
Funcionarios de la PGR indicaron que uno de los motivos por los cuales el Ejército empezó a tomar la responsabilidad de la custodia fue precisamente para evitar estas "sorpresas". Al menos en los dos últimos años, ninguno de los colaboradores ha sido asesinado.
Con la nueva administración, la AFI también capacita de manera especial a sus grupos de "reacción" para la custodia de testigos y arraigados, que a veces comparten un mismo domicilio. El Ejército apoya en esta tarea bajo la misma calidad de coadyuvante del Ministerio Público.
Los delatores tienen la opción de vivir con la familia e incluso algunos vuelven a rehacer su vida con un empleo, hasta cierto punto temporal ,ya que cada seis meses la UEDO evalúa sus riesgos y con base en esto decide su cambio de domicilio, ciudad o incluso de país.
Prácticamente todos los testigos protegidos son nacidos en nuestro país y sólo una minoría inferior al 5 por ciento del total es de origen colombiano. El más joven es Juan Carlos Mérigo López, con 24 años, y el más viejo es Manuel Bitar Tafich, con 56 años, ambos relacionados con el Cartel de Juárez.
El perfil es diverso. En este programa de beneficios legales han desfilado personajes de distintas ocupaciones, como abogados, policías, traficantes, joyeros, periodistas, ingenieros, choferes, pilotos, agricultores, estudiantes, falsificadores de documentos y empresarios.
La protección de las...
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