Gilberto Rincón Gallardo/ La sociedad de convivencia
| Autor | Gilberto Rincón Gallardo |
No sólo ahora, sino desde hace mucho tiempo, en México se confunden con frecuencia los valores morales de cada uno con lo que deben ser los principios legales e instituciones de la sociedad. Por ello, existe la tendencia a convertir algunas discusiones sobre derechos civiles en debates acerca de la moral y costumbres de las personas. Pero no sólo eso, a veces se pretende utilizar las leyes y las instituciones del Estado para hacer valer ciertos puntos de vista morales o religiosos o para desterrar de esas leyes e instituciones lo que es entendido como disonante con la moral propia. La fragilidad del laicismo en México no se expresa sólo en su vulnerabilidad frente a la influencia de los credos religiosos y las visiones morales de algunos gobernantes y grupos sociales, sino también, y esto es igualmente preocupante, en la existencia de inercias que limitan la discusión abierta y sin prejuicios de temas socialmente relevantes pero moralmente divisivos.
Prácticamente todos los actores políticos del país reconocen e incluso celebran la pluralidad de la sociedad mexicana, pero muchos de ellos empiezan a retroceder cuando esta pluralidad se manifiesta en opciones sexuales no convencionales o en formas de vida no guiadas por la moral de la mayoría. Sin embargo, la verdadera prueba del pluralismo democrático reside, no en la aceptación folclórica de la diferencia, sino en el reconocimiento del derecho a la diferencia, es decir, en la aceptación de que, en una sociedad plural y democrática, las personas pueden de manera legítima decidir, entre otras cosas, sobre su sexualidad y sus relaciones personales.
Una democracia moderna no puede construir su sistema legal según principios morales, así sean éstos los de la mayoría; por el contrario, tiene que hacer esta construcción sobre la base de los derechos universales de la persona, que puedan ser reclamados por cualquiera y al margen de su género, su raza o etnia, su religión, su condición de salud y, por su supuesto, su preferencia sexual. Un régimen político empieza a propiciar conductas "integristas" cuando pretende pasar por el filtro de la moral de un grupo la discusión de los derechos de todas las personas.
El proyecto de "sociedades de convivencia" que ahora se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se halla, precisamente, en este terreno de la defensa de los derechos de las personas y no en el de su moral particular.
Por desgracia se ha hecho escarnio de este proyecto e incluso...
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